Bankia reclamará a Rato 133 millones de euros en los tribunales

Bankia pedirá en los tribunales el embargo de la fortuna de su expresidente, Rodrigo Rato. Así, la fortuna del exvicepresidente del Gobierno del PP y ex director gerente del FMI, que se calcula está en torno a los 26,6 millones de euros, estaría bajo la incertidumbre de lo que decida la entidad ahora dirigida por José Ignacio Goirigolzarri. La razón de esta petición de embargo sería que la entidad quiere que Rato pague 133 millones de euros, informa el diario El País, su parte de la fianza que tuvo que abonar la entidad.

A finales de marzo, la entidad pidió que cuatro ex altos cargos, entre ellos Rato, pagaran su parte de la fianza que la entidad aportó ante la Audiencia Nacional. En total, el banco pagó 800 millones de euros para afrontar posibles responsabilidades por su fallida salida a Bolsa y satisfacer las reclamaciones de los accionistas.

Así, a finales de marzo, unos diez días después de pagar el dinero en la Audiencia Nacional, la entidad dio un mes para que los exdirectivos pagaran su parte. Rato no ha contestado todavía, aunque su entorno asegura que "hará valer ante la entidad sus derechos". Los otros tres altos cargos de Bankia también recurrieron la fianza impuesta por la Audiencia y aseguran que la apelación paraliza el plazo del requerimiento notarial de Bankia. Todo estaría en suspenso hasta que la Audiencia delibere, algo que, según Efe, hará este viernes.

La única posibilidad que tiene abierta ahora Rato es que la propia Audiencia Nacional anule o rebaje la fianza. Cualquier modificación del dinero reclamado cambiaría la situación, pero El País informa de que nadie en Bankia está pensando ahora en frenar el procedimiento civil contra Rato y los otros exdirectivos.

El expresidente de Bankia ya ha tenido que hacer frente a una fianza de tres millones de euros por el caso de las tarjetas black. Fuentes de Bankia sostienen que la demanda no espera recuperar todo el dinero —ni de Rato de ni ninguno de los otros tres directivos, que no acumulan 133 millones de euros—. Su único objetivo es evitar que los ex altos cargos sigan viviendo a todo lujo, mientras la entidad pública, que tuvo que ser rescatada con más de 22.424 millones de euros, soporta los gastos de su gestión.