Inició el proceso en abril de 2016, declarando como servicio esencial la atención, información y prestación de servicios directos a la ciudadanía sobre los recursos que ofrecen las oficinas de vivienda, algo que acordó la Comisión de Gobierno el 21 de abril de 2016.
Este proceso culmina con la subrogación de estos 23 trabajadores, que ofrecen una primera atención, mantienen las mismas condiciones que tenían previamente y pasarán a ser personal del Patronat Municipal de l'Habitatge a partir del 1 de julio.
Este personal es el que recibe a los ciudadanos en primera instancia y gestiona de forma personalizada las solicitudes de cada ciudadano para derivarlas hacia los profesionales específicos que deberán asesorar, acompañar o continuar el servicio.
El Gobierno de Ada Colau considera que este es un servicio de interés público que exige una gestión directa municipal, motivo por el que ha impulsado esta subrogación de los trabajadores.
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