Bruselas, 7 mar.- El comisario europeo del Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, instó hoy al Gobierno italiano a modificar cuanto antes su legislación sobre la llamada "acción de oro" para evitar más litigios ante el Tribunal de la UE.
Barnier dijo en rueda de prensa que la "acción de oro" -un mecanismo de control que se reserva el Estado en las empresas privatizadas y que le permite limitar los derechos de empresas extranjeras con capital público que intenten entrar en sectores estratégicos, como energía o telecomunicaciones- supone una "barrera al funcionamiento fluido del Mercado Interior" y la Comisión "tiene sus problemas" con ella.
El Gobierno de Mario Monti quiere modificar la legislación, pero Barnier aún no ha visto el borrador.
No obstante, dijo que "las autoridades italianas deben ajustarse cuanto antes al pronunciamiento del Tribunal" de Justicia, para evitar más litigios ante el alto tribunal de la UE.
"Insto al Estado italiano a alinearse" con la opinión de la corte, señaló en rueda de prensa el comisario europeo, quien aseguró que Monti está "determinado" a cambiar la legislación y ser un "buen ejemplo" para el Mercado Interior.
A finales de noviembre pasado, la Comisión Europea dio un mes a Italia antes de denunciarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE por imponer restricciones a las inversiones en compañías privatizadas.
La Comisión Europea considera que esos poderes especiales constituyen restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el derecho al establecimiento de una empresa.
En el caso de Italia, el Estado ha introducido "uno o más" de esos poderes especiales en los estatutos de Enel, Eni, Telecom Italia y Finemeccanica.
La legislación italiana permite al Estado reservarse poderes especiales para salvaguardar sus intereses vitales si éstos se vieran amenazados.
En este sentido, el Estado italiano tiene el poder de oponerse tanto a operaciones de adquisición de acciones y a pactos por parte de accionistas que representan un 5 % del derecho de voto o menos, y puede vetar ciertas decisiones empresariales, como fusiones o divisiones.
La Comisión Europea considera que estos poderes provocan que las inversiones sean menos atractivas y podría ahuyentar a potenciales inversores en otros Estados miembros a comprar acciones en las empresas afectadas.
Los Estados miembros pueden justificar esas medidas bajo estrictas condiciones, pero en este caso la Comisión cree que las restricciones sobre adquisiciones y pactos entre accionistas son "inadecuadas" y que el criterio para ejercer esos poderes especiales no se han precisado suficientemente, lo que podría llevar a una discrecionalidad excesiva en las decisiones del Estado.
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