"Ningún banco debería ser demasiado grande para caer o demasiado interconectado para caer". Con estas palabras explicó ayer el comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, la postura de la Comisión Europea.
Bruselas ultima un nuevo marco dirigido a evitar que los Gobierno vuelvan a salir al rescate de los bancos, con multimillonarios desembolsos de dinero público. Para conseguirlo, entre otras cosas, la Comisión propone que los supervisores puedan despedir a la dirección de una entidad y obligarla a deshacerse de líneas de negocio consideradas de riesgo.
"Es moralmente inaceptable, socialmente injusto y políticamente devastador" que los ciudadanos tengan que pagar el precio de los errores de los bancos, añadió Barnier, tras recordar que las ayudas públicas al sector han costado el 13% del PIB.
"Por eso necesitamos un marco claro que garantice que las autoridades en toda Europa están preparadas para lidiar con bancos en dificultades y hacer frente a posibles bancarrotas de una manera ordenada", añadió el comisario en declaraciones recogidas por Efe.
El ejemplo de Irlanda
Bruselas pretende evitar casos como el de Anglo Irish Bank, cuyo rescate (cifrado en unos 29.300 millones de euros), ha provocado un enorme agujero en las finanzas públicas irlandesas, que elevará el déficit del país hasta el 32% del PIB.
Concretamente, Bruselas propone todo un rango de herramientas, que van desde las medidas preventivas para minimizar los riesgos de insolvencia, hasta la intervención temprana y, en último caso, una quiebra ordenada.
En el capítulo de la prevención se quiere obligar a las entidades a que preparen planes de quiebra, conocidos como testamentos, que establezcan cómo actuar en momentos de turbulencias o incluso insolvencia.
En la parte de la intervención temprana, Bruselas desea que los reguladores puedan prohibir el pago de dividendos, obligar a reemplazar a los directivos o a deshacerse de una determinada línea de negocio considerada de riesgo.
Si nada de esto funciona, la Comisión propone que se proceda a la resolución ordenada de los bancos, lo que podrá incluir la absorción de la entidad por otra saneada, o la transferencia de los activos de riesgo a lo que se conoce como un "banco malo".
Estas iniciativas están inspiradas en muchas de las soluciones que ya han sido aplicadas durante la crisis, pero la Comisión desea un marco común, dado el carácter trasnacional de muchas entidades.
"Quiero que los autoridades nacionales mantengan sus poderes pero tengan la capacidad de trabajar juntas", dijo Barnier. En este sentido, la Comisión propone la creación de colegios de liquidación en los que estarán representados los países afectados y que servirán para liquidar una entidad insolvente.
Supervisor europeo
La futura autoridad europea encargada de supervisar al sector bancario, que entrará en vigor en 2011, también jugará un papel de coordinación. Para financiar estas bancarrotas y no tener que acudir al dinero público, la Comisión ya propuso anteriormente la creación de un impuesto sobre las actividades bancarias (fundamentalmente sobre el pasivo) en cada país, cuya recaudación alimentaría fondos de resolución de crisis nacionales.
El comisario Barnier insistió de nuevo en evitar "iniciativas desordenadas de los países", en referencia a la aprobación en Francia e Inglaterra de sendas tasas que irán a parar al presupuesto público y no a fondos de resolución.
Con esta propuesta, la Comisión se aleja de los planteamientos de Estados Unidos, que quiere introducir reformas estructurales en el sector para evitar que existan "bancos demasiado grandes para caer".
Este documento servirá para elaborar propuestas legislativas la próxima primavera.
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