Bruselas propone poner coto al "salvaje oeste" del mercado de derivados

Bruselas.- La Comisión Europea propuso hoy incrementar los requisitos de información y liquidez exigidos a los derivados negociados fuera de los mercados regulados para evitar que el mundo de las finanzas continúe siendo "un territorio del salvaje oeste" y origine nuevas crisis financieras.

"La ausencia de todo marco regulador para los derivados negociados en mercados no organizados (OTC, según sus siglas en inglés) contribuyó a la crisis financiera y a las tremendas consecuencias que aún estamos sufriendo", recordó hoy el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier.

A su juicio, las normas que hoy ha propuesto la Comisión "introducirán transparencia y responsabilidad" en este mercado para saber "quién está haciendo qué y quién posee qué", así como para evitar que "una sola quiebra desestabilice todo el sistema financiero, como ocurrió con el colapso de Lehman Brothers", añadió.

Un derivado es un contrato entre dos partes asociado al valor futuro de otro activo (como tipos de interés o acciones), que en el 90% de los casos es negociado fuera de los mercados habituales y de la vigilancia de los reguladores.

El volumen de derivados negociados fuera de los mercados regulados es enorme y en diciembre de 2009 alcanzaba los 615 billones de dólares, una cantidad que de todos modos era un 10% menor que el pico alcanzado en junio de 2008, antes de la explosión de la crisis financiera.

Para evitar que los reguladores carezcan de una visión global de lo que está sucediendo en el mercado, la Comisión Europea propuso hoy introducir la obligación de informar de cada operación con derivados a centros de registro de datos, que estarían bajo la responsabilidad de la futura autoridad europea de supervisión de los mercados (ESMA).

También pretende introducir la obligatoriedad de realizar la mayor parte de operaciones a través de unas entidades intermediadoras autorizadas o "cámaras de compensación", que responderán de los impagos, por lo que a su vez deberán cumplir unos requisitos de capital mínimos.

Por otro lado, dentro del torrente de iniciativas legislativas destinadas a tapar los agujeros que la crisis financiera dejó al descubierto, el Ejecutivo comunitario anunció hoy medidas para regular las ventas a corto plazo, que consisten en vender acciones que no se poseen con la expectativa de forzar su depreciación para poder comprarlas después a menor precio y ganar la diferencia.

"En tiempos normales, las ventas en corto contribuyen a la liquidez del mercado y a una fijación de precios eficiente. Pero en mercados estresados, puede ampliar las caídas de precios, llevar a desórdenes y riesgos para el sistema", explicó Barnier, quien defendió que la nueva norma servirá para detectar anomalías en los mercados de deuda soberana, como las ocurridas durante la reciente crisis del euro.

Según la propuesta de hoy, los inversores deberán especificar si la toma de posición es a corto plazo para que los reguladores sean conscientes de ello a la hora de vigilar riesgos.

Pero, teniendo en cuenta que "la transparencia por sí sola podría ser insuficiente", la norma propuesta hoy por el Ejecutivo comunitario permitirá que supervisores del mercado nacionales limiten o prohíban las ventas al descubierto de acciones y seguros contra el impago de deuda (CDS).

Además, en última instancia y en situaciones de emergencia, este poder recaerá en la futura autoridad europea de supervisión de los mercados (ESMA), que deberá comenzar a funcionar en 2011 tras el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete para poner en marcha un nuevo sistema de supervisión financiera en la UE.

Con la propuesta de hoy, Bruselas también desea evitar que los estados miembros actúen por su cuenta, como ocurrió durante la crisis del euro con Alemania que, tras conminar a la CE a acelerar los trabajos, decidió prohibir ciertas ventas al descubierto, a las que se responsabilizaba del súbito encarecimiento sufrido por la deuda soberana de algunos países del euro.

De ser aprobada por los Veintisiete y el Parlamento europeo, la iniciativa aprobada hoy por el Ejecutivo comunitario entraría en vigor en 2012.