Canadá dice que Europa está con "radicales" al vetar productos derivados de focas

Toronto (Canadá).- El Gobierno de Canadá considero hoy que Europa se ha puesto del lado de los "radicales" al recordar la entrada en vigor mañana de la prohibición europea de importar productos derivados de focas canadienses y calificó esa medida como una "desgracia".

La ministra de Pesca de Canadá, Gail Shea, afirmó hoy que "el Parlamento europeo se ha puesto del lado de grupos de presión de radicales defensores de los derechos animales y ha optado por ignorar nuestros argumentos".

Por su parte, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, dijo que la medida europea es "una desgracia".

"Esta es una flagrante discriminación contra la industria de focas canadienses, contra los cazadores de focas canadienses" afirmó Harper.

"Es una desgracia que son tratados de esta forma en algunos países, sin ninguna base en hechos racionales o información", añadió Harper.

Las organizaciones de defensa de los derechos animales se oponen a la caza comercial de focas por considerar que es "brutal".

El Parlamento Europeo prohibió la entrada de productos derivados de la caza después de que en diciembre del 2007 un estudio elaborado por veterinarios europeos dijo que hay formas de evitar que las focas sean cazadas sin sufrimiento, pero en la práctica esos métodos no siempre se aplican.

Shea también señaló que ante la decisión europea, Canadá había solicitado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) un recurso para cancelar la prohibición.

Poco después de la declaración de la ministra canadiense, medios de comunicación del país señalaron que la Presidencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una orden para suspender la prohibición.

Según los mismos medios, el tribunal europeo suspendió la prohibición tras la petición de grupos inuit (los indígenas del Ártico) de retrasar la entrada en vigor de la medida.

Aunque el Parlamento Europeo ha eximido de la prohibición los productos de foca procedentes de la caza tradicional de los inuit, los grupos indígenas, con el apoyo del Gobierno canadiense, argumentan que la medida dañará gravemente su economía.