Canarias irá a A. Nacional para que se reúna comisión mixta de transferencias

Santa Cruz de Tenerife, 18 dic.- El Gobierno de Canarias recurrirá ante la Audiencia Nacional la decisión del Ejecutivo de no convocar la comisión mixta de transferencias Estado-Canarias, como hacía acordado el gabinete canario, para pedir el traspaso de la gestión de aeropuertos de interés general.

El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, informó hoy en rueda de prensa de que este es uno de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de Canarias, que ha decidido iniciar acciones judiciales en contra de la desestimación, por parte del Gobierno del Estado, del requerimiento formulado en este ámbito.

El acuerdo aprobado hoy señala que la vicepresidencia del Gobierno canario solicitó los pasados 9 de julio y 8 de octubre la convocatoria de este órgano interadministrativo y que el Ejecutivo autónomo presentó el 29 de octubre un requerimiento contra la Administración General del Estado.

Dado que las peticiones previas fueron rechazadas por el Estado el 31 de octubre y que el requerimiento fue desestimado el pasado 1 de diciembre, el Ejecutivo iniciará ahora la vía judicial para salvaguardar sus intereses.

"No hay precedente de que en esta legislatura se haya tenido que acudir a la vía judicial para que el Estado convoque la comisión mixta de transferencias", advirtió el portavoz del Ejecutivo, quien dijo que se ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para presentar el recurso correspondiente ante la Audiencia Nacional.

El Gobierno de Canarias recuerda que ha adoptado distintos acuerdos en contra la privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y el Parlamento de Canarias se pronunció en julio de este año en favor de que la Comunidad Autónoma asuma las competencias en materia de aeropuertos civiles de interés general.

Asimismo el Consejo de Gobierno canario acordó también hoy presentar un recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, al considerar que se limitan las competencias de la Comunidad Autónoma.