Barcelona, 29 feb.- La economía catalana recuperaría hasta 94 millones de euros que permitirían generar un millar de empleos si se redujera a la mitad la duración de los procesos concursales que tramitan los juzgados mercantiles, según concluye un estudio encargado por el Departamento de Justicia.
En una conferencia en el Colegio de Economistas de Barcelona, la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, ha presentado hoy los resultados de dicho estudio, del que apenas existen precedentes en el mundo, al tiempo que ha defendido la rentabilidad de las inversiones destinadas a la nueva oficina judicial por la repercusión que, a su juicio, tendrá sobre la economía catalana.
El informe que hoy se ha dado a conocer, elaborado por el economista Álvar Garola, estima entre 92,3 y 94,6 millones de euros la cantidad que recuperaría la economía catalana si la duración de los procesos concursales se redujera de los 32 meses actuales a 16.
De acuerdo con el estudio, gracias a esa agilización judicial los acreedores inmersos en un proceso concursal recuperarían unos 63 millones de euros y, de forma indirecta, se pondrían en circulación en la economía catalana otros 30 millones, lo que en global supondría la creación de un millar de empleos aproximadamente.
La reducción de la duración de los procesos concursales también disminuiría en entre 11 y 15 millones de euros los costes financieros para los acreedores de las empresas afectadas.
Cataluña es la comunidad autónoma que acumula el mayor número de procedimientos concursales: actualmente los juzgados mercantiles tiene en trámite 1.477 causas de este tipo.
El estudio presentado hoy por la consellera analiza desde el punto de vista coste-beneficio el rendimiento que podrían comportar las inversiones en el proyecto de la nueva oficina judicial, un nuevo modelo de organización de los juzgados que requerirá 590 millones de euros en ocho años.
Esa nueva organización judicial aumentará la productividad de la Justicia en un 15%, según los autores del estudio, que concluyen que desde ese punto de vista la inversión en la Oficina Judicial es "positiva".
Los autores del estudio han puesto como ejemplo el procedimiento concursal de Cacaolat, donde la celeridad en la tramitación ha contribuido a mantener 400 empleos y a garantizar inversiones de hasta 65 millones de euros.
En su conferencia, la consellera ha citado un informe del Banco Mundial que sitúa a España en la posición 54 del mundo en un ránking sobre eficacia en el cumplimiento de los contratos y la eficiencia del sistema judicial en la resolución de las disputas comerciales.
Según ha destacado Fernández Bozal, una Justicia que "no resuelve los asuntos legales con rapidez, tiene un coste de incertidumbre y de inseguridad jurídica muy elevado, que acaba actuando como un freno claro a la hora de atraer inversiones y de incentivar la dinámica empresarial y de negocio".
Hace unos meses, la consellera presentó en el Fórum Europa Tribuna Cataluña otro informe que concluía que actualmente están en litigio en los juzgados catalanes cerca de 40.000 millones de euros, lo que equivale al 20% del PIB catalán.
Concretamente, en los juzgados catalanes se acumulan 870.000 litigios en los que están en juego el destino de esos 40.000 millones de euros, la mitad de los cuales están pendientes de sentencia y el resto se encuentran en fase de ejecución.
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