Mérida.- Cientos de trabajadores y agricultores afectados por el preconcurso de acreedores solicitado por Carcesa, una de las empresas de Nueva Rumasa, han exigido hoy en Mérida la continuidad de la fábrica porque es una industria viable y achacan las deudas a la "descapitalización" a la que se ha visto sometida.
"Carcesa tiene futuro. Por el empleo" ha sido la pancarta que han respaldado sindicatos, partidos políticos y organizaciones de agricultores en una manifestación en la que han reunido a más 300 personas, según fuentes de la Policía Local de Mérida, y unas 1.000 según fuentes de la organización, para exigir a la familia Ruiz-Mateos que solucionen los problemas que atraviesa Carcesa, con tres centros de producción en Extremadura y 300 empleados en total.
La presidenta del Comité de Empresa de Carcesa en Mérida, Rosario Riñones, ha acusado directamente a la familia Ruiz Mateos y a su "mala, muy mala gestión" del preconcurso de acreedores al que se enfrenta la empresa, que "ha sido descapitalizada, se han llevado el dinero".
Sin embargo, ha criticado que, debido precisamente a que los propietarios han solicitado el preconcurso de acreedores, siguen gestionando la empresa, a pesar de la "situación precaria" a la que han llevado a la firma.
Riñones, que ha recordado que el origen de Carcesa se remonta a 1929 y que la firma ha pasado, a lo largo de estos años "de mano en mano, como la falsa moneda", ha advertido a los propietarios que los trabajadores quieren "soluciones, porque la fábrica es productiva, rentable, viable y, por lo tanto, tiene futuro".
"Es el momento de dar el paso adelante y decir que basta ya de mentiras", ha sostenido Riñones.
Los trabajadores han estado respaldados por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, cuyo secretario general en la región, Julián Carretero, ha criticado que la empresa, que es "un hito importantísimo en la industria agroalimentaria" de la región, sufra "una situación que pone en riesgo su supervivencia".
Por su parte, el secretario general de UGT en Extremadura, Francisco Capilla, ha lamentado la carga económica de Carcesa, pues ha informado de que en 2010 esta empresa aportó a Nueva Rumasa 124 millones de euros, si bien en la actualidad soporta una deuda de más de 100 millones.
Además, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Extremadura (UPA-UCE), Ignacio Huertas, ha advertido de los efectos negativos de las deudas de Carcesa, pues "si no paga, muchos agricultores" dedicados al cultivo del tomate "no podrán continuar" y ha exigido que las administraciones investiguen y "depuren responsabilidades" en esta empresa viable, pero que está "en quiebra y con impagos".
El presidente de APAG Extremadura ASAJA, Bibiano Serrano, que ha exigido a la familia Ruiz-Mateos que "ponga fin a este despropósito", ha informado de que Carcesa molturó el año pasado 1.031 hectáreas de tomate de las 24.018 que se sembraron en Extremadura, y que suponen más de 65 millones de kilos de tomate de los 1,8 millones de toneladas de tomate que se produjeron en la región.
Por su parte, el alcalde de Mérida, Ángel Calle, ha exigido la continuidad de Carcesa, que "no es solo una fábrica más en la ciudad, sino una de las factorías emblemáticas" emeritenses, y ha opinado que el cierre de la fábrica sería "una herida en el corazón de la ciudad".
Además, el diputado regional del PP Juan Parejo ha pedido que no se pierdan los 300 puestos de trabajo de Carcesa y ha ofrecido a la Junta de Extremadura la colaboración de su partido para que la empresa no se cierre.
Por su parte, el coordinador regional de IU, Pedro Escobar, ha solicitado que Carcesa vuelva a manos públicas al considerar que su continuidad es "de interés general" para la comunidad.
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