El Juzgado Mercantil 3 de Barcelona ha desestimado la demanda que Adicae presentó en octubre para reclamar que CaixaBank devolviese a los no clientes la comisión de dos euros que les cobró entre marzo y septiembre de 2015 por sacar dinero de su red de cajeros.
El fallo, de este mismo viernes y consultado por Europa Press, niega que fuese una práctica abusiva porque la
normativa reconoce que la retirada de efectivo por un no cliente es un servicio que tiene un coste, y también
reconoce a las entidades titulares de los cajeros "la facultad última de establecer el precio del servicio de retirada de efectivo para usuarios no clientes".
La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros estimó en octubre el importe total cobrado entre marzo y septiembre en unos 16 millones de euros y lo consideraba ilegal porque se cobraba una doble comisión al usuario: por parte de la entidad del cajero y por la suya.
Un portavoz de Adicae explicó entonces a Europa Press que defendían que fue una "práctica abusiva" porque la ley impide cobrar dos comisiones por un mismo servicio, y señaló que 350.000 personas firmaron contra este recargo.
CaixaBank dejó de cobrar esta comisión a los usuarios el 3 de octubre, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto ley que prohíbe repercutir al no cliente la comisión por usar el cajero, sino que se
debe aplicar a la entidad emisora de la tarjeta.
Así, la nueva normativa avala el modelo de que el dueño del cajero tiene derecho a cobrar por su uso, aunque
no al cliente final, sino a las otras entidades.
Hasta la aprobación del Real Decretoley, CaixaBank defendía la legalidad de este recargo, así como que era informado al usuario del cajero a través de la pantalla antes de aceptar sacar dinero.
Sobre este punto, Adicae argumentaba que la advertencia de la pantalla responde a la obligación legal del deber de información, pero no equivale a un consentimiento contractual.
Adicae ya ha anunciado que recurrirá la sentencia hasta instancias europeas si se preciso, y ha considerado
que la justicia "se basa en informes sesgados del Banco de España, comprobado defensor de la banca en contra de los usuarios".
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