Con asunción Sánchez Cerén, situación para prensa salvadoreña se tornó tensa

Santiago de Chile, 19 oct.- La Sociedad Interamericana de Prensa denunció hoy que con la asunción el pasado 1 de junio del Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), como nuevo presidente de El Salvador, "la situación de libertad de prensa se ha vuelto tensa".

"Uno de los principales problemas registrados con los medios de comunicación lo ejemplifica un hecho sucedido con la televisión en un tema de asignación de frecuencias, problema que comenzó en abril pasado y se mantiene a la fecha", señala la SIP.

"En abril la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (...) designó en una posición privilegiada a un canal comprado por un empresario extranjero, ubicado en una frecuencia de menor captación de público y sin cumplir las reglas establecidas".

El informe sobre El Salvador elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP alude al caso del empresario mexicano Ángel González, quien con su empresa TV Red, compró en El Salvador el canal 37, en el sistema UHF y SIGET, y lo asignó sin mayores explicaciones al canal 11, en VHF".

Esta situación, según el documento que este domingo se discutió en el marco de la 70ª asamblea general que la SIP celebra en Santiago, "generó una batalla legal por parte de las televisoras locales, que reclaman por la discrecionalidad de la asignación pasando por encima de las leyes establecidas".

Por otro lado, "el FMLN y partidos aliados aprobaron una nueva ley de lavado de dinero y activos y decidieron incluir a los medios de comunicación (...) como empresas que debían ser reguladas, controladas e intervenidas como acción de esta ley", dice la SIP.

Tras las protestas y debates, se realizaron nuevas reformas a la ley y en agosto los medios quedaron fuera del control específico de la ley.

La Sociedad Interamericana de Prensa, que representa a los propietarios, editores y directores de 1.300 publicaciones de todo el continente americano, asegura que "el Gobierno mantiene un acoso administrativo contra los medios".

"Está utilizando instancias reguladores o de control de los ministerios de Trabajo y Medio Ambiente, e instancias financiero fiscales o de comercio para solicitar todo tipo de información empresarial a los medios", dice.

Así, por ejemplo, el periódico La Prensa Gráfica ha tenido más de 30 visitas de representantes del Gobierno durante los últimos años.

El informe sobre El Salvador relata que hace dos semanas "se registró un nuevo caso de censura" cuando la Dirección General de la Policía Nacional Civil elaboró un manual de manejo de información "que restringe el acceso de los medios a temas de seguridad pública".

"El objeto es controlar, restringir los datos y hasta ha bloqueado la presencia de oficiales en redes sociales", afirma la SIP, que se queja de que "las autoridades no han dado explicaciones ni respuestas ni han girado alguna orden de cambio para el acceso a la información pública".

El documento también recoge el asesinato el pasado 12 de julio de Carlos José Orellana, de 23 años, camarógrafo del canal 99, en el departamento de Usulután, y excolaborador de radio Café, una emisora de la misma zona.

Orellana fue atacado por dos individuos con un arma blanca cerca de su casa, en el poblado de Santiago de María. Siguen las investigaciones "y no se descarta que haya sido asesinado por razones de oficio", según la SIP.

El informe también alude a la petición de información respecto a 769 asesores en el Congreso, que sigue pendiente de resolverse en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

"Ésta se ha convertido en la instancia donde quedan sin resolverse las solicitudes de acceso a la información", denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa.