Calvo, "muy satisfecho" por resolución acordada en Paseo de la Dirección aunque quedan pendiente expropiaciones

EUROPA PRESS

El edil ha explicado que se toma esta decisión pensando en el interés general de la ciudad y para "recuperar la iniciativa pública" recuperando suelo donde aplicar políticas de vivienda pública. El acuerdo llega ahora para evitar la judicialización del problema. Calvo ha aprovechado para tachar de "despropósito" el Plan Parcial aprobado por el anterior Ejecutivo y que "es el que es", que supone que Dragados podrá construir dos torres de 26 alturas.

Una vez que se resuelva el convenio y se liquide la resolución de mutuo acuerdo, el Ayuntamiento "tendrá manos libres para hacer las modificaciones de planeamiento que considere". También ha recordado que el Paseo de la Dirección pasará por la comisión municipal de investigación.

El acuerdo es un primer paso porque aún "queda por resolver la situación de los vecinos expropiados, a los que todavía no se les ha dado solución para que tengan vivienda al precio de lo que supuso el coste de la expropiación". "El concesionario tuvo que hacer frente en su momento a los pagos de las expropiaciones. El dinero que todavía no ha llegado a los expropiados está consignado por el adjudicatario", ha informado.

Pero se dan por "muy satisfechos" con este problema "enquistado durante diez años" y unido a otras actuaciones "desastrosas" del urbanismo madrileño, todas ellas heredadas, como Canajelas, Mahou-Calderón, el Edificio España o la operación Chamartín, que era "una bomba de relojería en los cimientos de la ciudad" que habría hipotecado a la ciudad durante más de dos décadas.

El edil se ha dirigido a PP y Ciudadanos para argumentarles que esto es lo que ocurre en la ciudad cuando se deja el urbanismo en manos privadas y que piensen qué podría pasar en 3 millones de metros cuadrados, los de Chamartín, si ha ocurrido esto en 300.000 metros en Tetuán.

El titular de Desarrollo Urbano Sostenible ha remarcado en la comisión que cuando llegaron al Gobierno se encontraron con unas obras de urbanización que no llegaban al 50 por ciento y sólo uno de los dos bloques de realojo. Tras sentarse con Dragados consiguieron que la urbanización avanzara hasta el 88 por ciento y que el segundo bloque esté prácticamente terminado. La entrega será en octubre.

ACUERDO

El acuerdo pasa por que frente al precio máximo que se debería abonar por la terminación normal de la concesión y que se establecía en 176,5 millones de euros que establecía el convenio, la resolución de mutuo acuerdo fija en un coste estimado para la administración entre 124 y 130 millones de euros.

Como resultado del acuerdo de rescisión alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid y Dragados, frente a los 16.204 metros cuadrados de edificabilidad que se incorporaban al patrimonio municipal del suelo al término normal de la concesión (8,21 por ciento sobre el total), la resolución permitirá que se incorporen al mismo 105.554 metros cuadrados (53,51 sobre el total) destinados a vivienda pública protegida.

Igualmente, frente a las 19 parcelas de 173.900 metros cuadrados de edificabilidad que, como máximo, se iban a transmitir a Dragados en pago del precio fijado en la concesión, con la resolución anticipada se transmitirán un máximo de 7 parcelas con una edificabilidad de 88.250,00 metros cuadrados.

En materia de urbanización, los términos del acuerdo establecen también que frente a la urbanización prevista del ámbito, en concreto del paseo de cornisa, y la ubicación de las parcelas destinadas a bloques de viviendas al oeste del mismo, se recuperan dichas parcelas a fin de satisfacer las demandas vecinales en cuanto a la urbanización.

A su vez, el concesionario se compromete a finalizar el segundo bloque de realojo, cuyas obras están a punto de finalizar, así como determinadas actuaciones de urbanización necesarias para poner en funcionamiento el Paseo de la Dirección.

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO

El Paseo de la Dirección fue objeto de un convenio en 2007 para su desarrollo mediante un proceso de expropiación que se cifró en 176.500 euros, que incluía la demolición, urbanización y ejecución de dos edificios para el realojo de los vecinos.

El entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, explicaba que la zona se caracterizaba por las deficiencias en la red viaria, la escasez de equipamientos y espacios públicos y el elevado porcentaje de infraviviendas. Los trabajos estuvieron tres años paralizados, con la oposición de los vecinos afectados, quienes llegaron a plantear el abandono ante el Defensor del Pueblo.

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