Bruselas abronca al Gobierno por el aumento de la corrupción

Bruselas ha vuelto a abroncar al Gobierno por la corrupción y las dificultades para atajarla en España. Y ha hecho hincapié en que lo necesario para lograrlo es establecer un marco claro y coherente de normas de alto nivel de competencia y eficiencia económica. Bruselas hace especial hincapié en la necesaria transparencia y coordinación entre los poderes adjudicadores y las entidades gubernamentales.

El gobierno ha presentado algunas medidas en 2017 para mejorar el sistema de supervisión de las adquisiciones y aunque ha avanzado en la lucha contra la corrupción, en particular en lo que

a transparencia en la toma de decisiones administrativas y, más concretamente, en la legislación sobre la transparencia de la financiación de los partidos, Bruselas cree que le queda mucho por delante. Europa critica que no se han elaborado estrategias preventivas hechas a medida para mitigar los riesgos de corrupción, aunque los casos se investigan.

Europa echa en cara al Gobierno la falta de una legislación para proteger a los denunciantes, y considera que el grado de independencia de la recién creada Oficina de conflictos de intereses y la falta de regulación del cabildeo no han sido objeto de un seguimiento específico todavía.

Bruselas reconoce que en España los procesos judiciales de corrupción se alargan y aunque la Ley de procedimiento penal se modificó en 2015 para limitar el tiempo asignado a las investigaciones y reducir los retrasos injustificados, Bruselas considera que se hizo al revés, ya que la limitación de plazos para poder investigar puede llevar a una situación de impunidad. Exceso de empleo temporal

No son los fallos por corrupción los únicos que destaca en sus recomendaciones Bruselas.  España tiene una de las mayores proporciones de empleo temporal en la UE, y estos contratos temporales son de corta duración. Las tasas de transición de temporal a contratos permanentes son muy bajos en comparación con la media de la UE. 

El uso de contratos temporales se asocia con un menor crecimiento de las oportunidades de formación en el puesto de trabajo, y facilitan unas condiciones de trabajo que provocan  mayores riesgos de pobreza. Las recientes reformas del mercado laboral parecen haber tenido un efecto positivo en la reducción de la segmentación entre contratos dice Bruselas pero el abuso de los temporales sigue ahí.  Indemnizaciones altas por despido

Destaca la UE los altos pagos de indemnización por despido de trabajadores con contratos permanentes. Además, el sistema de incentivos de contratación sigue estando dispersa y no se destina efectivamente al

empleo indefinido. España, dice la UE, todavía no ha elaborado un plan exhaustivo de lucha contra la segmentación del mercado de trabajo.Hacen falta guarderías

La UE echa en falta guarderías, señala diferencias entre regiones en las prestaciones sanitarias, y cree que las prestaciones familiares están mal dirigidas. Los débiles resultados de la educación afectan negativamente el potencial de productividad a largo plazo. 

También recomiendan acciones para abordar las "persistentes disparidades" regionales en las condiciones para poder disfrutar de unos ingresos mínimos garantizados y para mejorar la ayuda a las familias, incluido el acceso a cuidados infantiles de calidad.

La tasa de abandono escolar sigue estando entre las más altas de la UE. Echa en falta la UE más movilidad de estudiantes y profesores, y ve la gobernanza universitaria muy rígida. En cuanto a la innovación y el desarrollo la UE señala que España está a niveles inferiores de 2007. y la cooperación público-privada es baja.

España no sale del procedimiento de déficit excesivo

La Comisión Europea ha propuesto sacar a Portugal y Croacia del procedimiento de déficit excesivo, al haber reducido ambos países sus déficit por debajo del 3% que marca la legislación europea, de forma que únicamente cuatro Estados miembros (España, Francia, Grecia y Reino Unido) seguirán bajo el "brazo correctivo" de Bruselas. Dentro de este análisis, Bruselas ha propuesto cerrar el procedimiento abierto a Lisboa después de que cerrase 2016 con un desvío en las cuentas públicas del 2% del PIB. La Comisión estima además que el déficit público será del 1,8% y del 1,9% en 2018.

En el caso de Croacia, la institución comunitaria recomienda también sacar al país del procedimiento por haber cerrado el año pasado con un déficit público del 0,8% (frente a un objetivo del 2,7%) y calcular que se mantendrá por debajo del 3% de forma "duradera", con proyecciones del 1,1% en 2017 y del 0,9% en 2018.

Con respecto a Italia, el Ejecutivo comunitario ha determinado que ha cumplido con los ajustes fiscales adicionales para este año y por tanto no considera necesarios "más pasos" para asegurar el cumplimiento del criterio de deuda establecido en el Pacto, que establece que el nivel de deuda pública no supere el 60% del PIB. También ha concluido que Bélgica y Finlandia cumplen con este criterio.

Por último, Bruselas ha propuesto pedir a Rumanía las "medidas apropiadas" este año para corregir el "desvío significativo" de sus cuentas públicas registrado en 2016. El objetivo de esta recomendación es que las autoridades rumanas tomen las medidas necesarias para evitar la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.