Corrupción y clientelismo lastran la absorción de fondos europeos en Rumanía

Raúl Sánchez Costa

Bucarest, 27 may.- Rumanía, que entró en la (UE) en 2007 con la esperanza de reducir rápidamente las disparidades de riqueza con el resto de la unión con fondos europeos, no ha absorbido ni la mitad de los 33.000 millones de euros asignados hasta 2013.

Según el Ministerio de Fondos Europeos, Rumanía sólo ha ejecutado 6.500 millones de los 19.200 millones de los fondos estructurales y de cohesión hasta diciembre de 2013, aunque pudo atraer un 70 % de los casi 14.000 millones destinados a la agricultura y pesca.

Con este soplo a su menguada economía, el país balcánico soñaba con alcanzar en pocos años a sus hermanos europeos de Occidente.

Pretendía construir autovías, escuelas y hospitales, mejorar su competitividad empresarial y también la formación de sus ciudadanos.

Pero Rumanía "se ha topado con su propia realidad: la lacra de la corrupción y el clientelismo comunista campan a sus anchas", cuenta Cosmin Popa, un consultor para proyectos europeos en Bucarest.

La persistente nomenclatura comunista de antes sigue controlando la mayor parte de la vida pública del país y ha hecho que las cosas sean diferentes, que el progreso se haga esperar.

"Muchos altos cargos de las instituciones encargadas de atraer los fondos se reparten las asignaciones comunitarias entre sus amigos", explica Popa en declaraciones a Efe .

Pese a los esfuerzos de las autoridades por corregir la baja absorción, Rumanía sigue a la cola de la Unión Europea (UE).

Y eso que la Comisión Europea le concedió obtener dinero del anterior periodo presupuestario hasta finales de 2015.

El "drama de los fondos europeos" -como a muchos expertos les gusta denominarlo en Rumanía- se acrecienta debido a la incompetencia de los consultores.

"Se presentan proyectos inviables que son aceptados por las autoridades rumanas y que Bruselas rechaza al descubrir incoherencias en sus descripciones", precisa Popa.

Durante mucho tiempo, Rumanía fue considerada el "granero de Europa", gracias a sus fértiles tierras y su clima que han atraído a inversores europeos, seducidos por el dinero proveniente de Bruselas y por el bajo nivel salarial.

Pero una burocracia enrevesada y un funcionariado desmotivado han provocado el enfado de muchos agricultores, que han visto perder parte de sus inversiones por la ineficacia de los gestores.

Zaharia Ciasu, un granjero de la provincia de Iasi, al noreste de Rumanía, solicitó una ayuda económica a la UE de 16.000 euros después de haber comprado 100 colmenas de abejas en 2011.

Han transcurrido más de dos años y los funcionarios rumanos han traspapelado sus documentos tanto tiempo que su solicitud había caducado ya meses antes.

"Habría sido un dinero que nos hubiera ayudado a desarrollarnos más rápido", cuenta Ciasu, quien cree que no debería ser tan complicado analizar una solicitud en 18 meses.

"A menudo escuchamos de manera estupefacta que se ha tenido que devolver a la UE parte del dinero desembolsado a la agricultura", lamenta el granjero en declaraciones a Efe.

Para el ejercicio presupuestario de 2014 a 2020, el país balcánico tiene asignado 39.000 millones de euros.

"El país presenta una catastrófica escasez de infraestructuras desde el transporte a la sanidad y la educación", dice Carlos Basté, director de operaciones del grupo español "Acciona" en Bucarest.

"Hay irregularidades en la gestión por el miedo de los funcionarios a asumir responsabilidades, un temor sustentado por el profundo desinterés que causan sueldos excesivamente bajos", subraya Basté en declaraciones a Efe.

El ejecutivo cree que la solución pasaría por "dignificar la labor pública mediante su reconocimiento y la mejora de salarios".

De hecho, la falta de personal cualificado en el funcionariado facilita el fraude en las licitaciones con fondos europeos.

Según la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF), en Rumanía la comisión ilícita -una parte de la suma que el contratista ganador entrega al funcionario- se encuentra en uno de cada tres casos.

Además, muchos proyectos se tiran a la basura después de haber sido aprobados y entregada una parte de financiación.

"Los solicitantes obtienen un 10 % de la financiación, abandonan la iniciativa, desaparecen y dejan un agujero al Gobierno que los contribuyentes deben cubrir", concluye Popa.