Las costas judiciales: otro zarpazo a la reputación de la banca

A la banca se le multiplican los fuegos. El bocado potencial que propinará en resultados la decisión del Tribunal Supremo de establecer como criterio general que las entidades condenadas por cláusulas suelo abusivas paguen las costas judiciales en las primeras instancias está por ver aunque se presume limitado, pero vuelve a poner al sector bajo los focos.

La resolución del Supremo causó, de hecho, ayer sorpresa porque los tribunales suelen hacer pagar a las entidades las costas cuando el magistrado da la razón a su cliente en litigios sobre topes hipotecarios préstamos y, según fuentes jurídicas, incluso cuando perdían el pleito.

La sentencia del Supremo, que sienta jurisprudencia en este tema, se fundamenta en que si el consumidor nunca debe estar vinculados por una cláusula abusiva tampoco debe soportar las costas en la demanda que interponga por ello. Es decir, si el Supremo decreta que fue abusiva no puede cargar con la factura legal en otros tribunales inferiores aunque le hubiesen dado la razón al banco. La dificultad para una primera estimación económica se justifica en la abultada casuística del recorrido judicial en las miles de demandas presentadas en los tribunales.

“No será otro zarpazo” al resultado, confían fuentes financieras. Pero sí expone al sector cuando no ha acabado de restañar la maltrecha reputación. Su deterioro de imagen sobrevivo con el rescate de las antiguas cajas de ahorros con dinero del contribuyente cuando los gestores que las llevaron al abismo con políticas temerarias de riesgo salían de su dirección con jugosas jubilaciones; por la pérdida de ahorros de miles de particulares en las denostadas participaciones preferentes o el fiasco de la salida a bolsa de Bankia, que tuvo que ser nacionalizada.

Las prácticas, de los exgestores y comerciales, acabaron en los tribunales con una factura en imagen y económica aún mayor. Durante la crisis, las entidades se han visto forzadas a compensar a sus clientes por cuantías superiores a los 13.000 millones de euros -entre 3.600 y 5.000 millones solo en la devolución del dinero cobrado de más por las cláusulas suelo declaradas abusivas por el Tribunal Supremo-. Este golpe, vía fallos judiciales, tiene en común la mala comercialización de productos: cláusulas suelo, preferentes, swaps e, incluso, las acciones colocadas en la OPV de Bankia. Sin incluir otras resoluciones desfavorables que obligan a las entidades a asumir parte o la integridad de los costes de constitución de las hipotecas, y que han comenzado a desbordar los servicios de reclamaciones del Banco de España, síntoma inequívoco de que será un nuevo foco judicial.

La pista la ofreció hace escasos días el supervisor: entre enero y abril de este año su servicio de reclamaciones recibió más de 8.000 quejas de clientes, la mayor parte por discrepar con la distribución de gastos asociados a la hipoteca -fundamentalmente gestoría, notario y el impuesto de actos jurídicos documentados-. Supone un incremento del 60% respecto a las reclamaciones presentadas en igual periodo del ejercicio anterior y, de continuar este ritmo, duplicará todas las tramitadas en 2016, alcanzando probablemente las 30.000 quejas.

La banca asume que es algo que debe reconducir, aunque el Banco de España desvela resistencias. Cuando hay un litigio y el cliente lo lleva al organismo supervisor, solo corrigen en favor del usuario en el 36,8% de los casos donde el Banco de España les da la razón. Es decir, aún desoyen su dictamen -que no es vinculante- en dos de cada tres casos, lo que abona la alternativa del usuario a los tribunales. Son datos además después de que el supervisor peinase todos sus departamentos de atención al cliente en una auditoría inédita el pasado ejercicio ante la avalancha irrefrenable de quejas que llegaba a su ventanilla.

En un intento de erradicar la conflictividad las entidades sí han duplicado esfuerzos por llegar a acuerdos extrajudiciales en cláusulas suelo y otros múltiples productos -algunas han, incluso, empezado a comercializar hipotecas donde asumen los costes de constitución de hipotecas-. Pero no los reflejan las estadísticas del supervisor.

El mayor riesgo de una mala imagen es causar desafección entre la ciudadanía, sobre todo cuando toca buscar fuentes alternativas para recaudar ingresos con la aplicación de comisiones para empujar la insuficiente rentabilidad, algo que hace frotarse las manos a las empresas tecnológicas interesadas en arrebatar parte de la tarta de negocio. Sin rentabilidad, es además complicado seducir a inversores cuando la regulación exige aumentar el colchón de capital, y con los tipos a ras de suelo y la menor contratación los fallos judiciales solo contribuyen a estrangular el resultado -el margen de interés de la actividad en España decreció un 8% en el último año afectado por todos esos factores-.