Cuatro ong aplauden que la ue prohíba la venta de productos de países contrarios a la pesca ilegal

Las organizaciones medioambientales Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF celebraron este lunes que el Consejo de Ministros de Pesca de la UE de aplicar restricciones comerciales a Belice, Camboya y Guinea por no cooperar en la lucha contra le pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Esta decisión, la primera de este tipo adoptada en la UE, implica que las importaciones en Europa de los productos de la pesca capturados por buques de estos países estarán ahora prohibidas y que los buques europeos no estarán autorizados a faenar en aguas de Belice, Camboya y Guinea.
Sin embargo, las ONG pidieron mayor transparencia en el modo en que Europa evalúa los esfuerzos de terceros países para combatir la pesca ilegal y animaron a la UE a acabar con el vacío legal que permite a países no comunitarios pescar en aguas de los países excluidos y exportar sus capturas a los Estados miembro, y a que trabaje con estos en redoblar los esfuerzos para que el pescado capturado ilegalmente no llegue al plato del consumidor europeo.
Belice, Camboya y Guinea se encontraban inicialmente entre ocho identificados por la Comisión Europea en noviembre de 2012 por monitorizar inadecuadamente sus flotas pesqueras, descuidar la imposición de sanciones a operadores ilegales y no promulgar leyes pesqueras estrictas.
La Comisión Europea anunció el año pasado que Fiyi, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu habían mejorado, pero Belice, Camboya y Guinea no. La decisión de este lunes ratifica la recomendación del Ejecutivo comunitario de añadir formalmente a la lista negra o mostrar “tarjeta roja” a estos países e impide que comercialicen pescado en la UE.
Las ONG explicaron que este tipo de pesca agota los stocks pesqueros, daña los ecosistemas marinos, ejerce competencia desleal sobre los pescadores legales y pone en peligro el sustento de algunas de las sociedades más vulnerables del mundo.
Además, señalaron que esta actividad cuesta entre 7.000 y 17.000 millones de euros al año y representa entre 11 y 26 millones de toneladas de capturas.
La Comisión Europea expidió una segunda tanda de “tarjetas amarillas” el pasado mes de noviembre, advirtiendo a Curasao, Ghana y Corea del Sur de que podrían enfrentarse a las mismas medidas comerciales si no cooperaban en la lucha contra la pesca ilegal.