Debate nación. Ciu plasma en sus resoluciones el “pacto final de legislatura” propuesto por duran

Las propuestas de resolución de CiU en el Debate sobre el Estado de la Nación plasman el “pacto final de legislatura” que propuso en su intervención el portavoz del grupo, Josep Antoni Duran i Lleida.

Pere Macias y Josep Sánchez Llibre presentaron en rueda de prensa las quince propuestas de resolución presentadas por CiU y subrayaron su disposición a llegar a acuerdos con los demás grupos para sacarlas adelante.
CiU reclama el reconocimiento del catalán como lengua oficial de las instituciones europeas y de Cataluña como circunscripción en las elecciones al Parlamento Europeo, en aplicación de la posibilidad reconocida para los Estados de más de veinte millones de habitantes.
En otra de las resoluciones plantea un paquete de medidas para hacer frente a los impagos de hipotecas, como incentivos fiscales para la dación en pago o que las entidades sólo las ofrezcan con garantía del propio bien hipotecado.
En infraestructuras, proponen acelerar la construcción del corredor ferroviario del Mediterráneo, el plan de Cercanías de Barcelona o el nuevo modelo de gestión aeroportuaria.
Quieren además que el Gobierno defienda una defición de la política agraria y pesquera de la UE en el ámbito euromediterráneo, diferenciada de la centroeuropea que rige ahora.
Insisten además en la necesidad de descentralizar el poder judicial y de que las policías autonómicas puedan acceder a bases de datos internacionales.
CiU dedica una propuesta a la austeridad, simplificación y transparencia de las administraciones, y propone por ejemplo evaluar las tareas de las diputaciones provinciales para delimitar las que “no tienen sentido”, reducir otro 25% el gasto en publicidad, o evitar episodios “cómicos” como la reciente variación del límite de velocidad en autovías.
En materia económica, CiU reclama al Estado el pago del Fondo de Competitividad, el aval mediante el Tesoro de las emisiones de deuda de las comunidades autónomas, y medidas para financiar a medio y largo plazo las deudas de las comunidades y ayuntamientos con los proveedores, que permitan poner “el contador a cero”.