Madrid, 6 nov.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha trasladado hoy a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la necesidad de regular un procedimiento de insolvencia para personas físicas similar al que existe para las empresas que evite llegar en todos los casos al desahucio.
El nuevo procedimiento regularía el establecimiento de plazos, prórrogas, quitas y esperas en el cobro de la deuda, limitando la responsabilidad patrimonial de las personas inmersas en él.
Según han indicado a Efe fuentes del Defensor del Pueblo, esta iniciativa, que hoy ha trasladado Becerril a Sáenz de Santamaría en el transcurso de una reunión entre ambas para abordar la problemática de los desahucios, forma parte de una serie de recomendaciones que desde la institución se han trasladado al Ejecutivo.
Adicionalmente, la Defensora del Pueblo ha pedido modificar la primera reforma financiera (RD-L 6/2012), aprobada por el Gobierno en marzo pasado, para ampliar los supuestos sobre los desahucios recogidos en esa norma y que incluya a un mayor número de personas.
Desde la institución consideran también conveniente elaborar un nuevo concepto jurídico para el "deudor de buena fe", establecer un acto previo de conciliación entre las partes en el cual el juez tenga la facultad de imponer un acuerdo razonable y limitar los intereses de demora y los gastos de ejecución hipotecaria.
Becerril ha pedido además a la vicepresidenta que se garantice una tasación justa e independiente de los inmuebles a la hora de constituir la hipoteca y elevar el valor del inmueble para la adjudicación en subasta al acreedor.
La Defensora del Pueblo ya elaboró una serie de medidas para paliar los desahucios antes de que el Ejecutivo aprobara su primera reforma financiera pero que no fueron incluidas en la norma y hoy ha insistido en ellas.
Entre aquellas estaban, además de las recomendaciones antes mencionadas, permitir a los deudores mantener la posesión de sus inmuebles para evitar su exclusión social, la mejora de la publicidad de las subastas y establecer un sistema que impida que las personas en proceso de ejecución hipotecaria que con la venta de su vivienda no cubran sus compromisos de pago no queden endeudadas de por vida.
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