El ente estatal encargado de velar por los derechos ciudadanos, consideró que el gobierno del presidente Evo Morales "asume que el único objetivo del país deberá ser la búsqueda de ingresos económicos, a cambio de la explotación salvaje y depredadora de los territorios donde vive la mayoría de los pueblos indígenas".
La entidad consideró además que existe una "visión retrógrada y capitalista, que no solo niega los derechos constitucionales de los nativos, sino que rechaza todo principio de respeto por los habitantes de estos pueblos que fueron la base para la construcción del Estado Plurinacional" boliviano.
El pronunciamiento surgió días después de que el propio Evo Morales -el primer indio aymara en llegar a la presidencia boliviana desde su fundación en 1825- anunció en julio que su gobierno realizará exploración hidrocarburífera en siete de las 22 áreas protegidas que tiene Bolivia, ricas en flora, fauna y recursos hídricos, que ocupan una superficie de 17,2 millones de hectáreas.
La superficie total del país es de 109.858.100 hectáreas (1.098.581 km2).
La estatal petrolera YPFB ha aclarado que la exploración sólo se realizará en el 0,04% de esos siete parques ecológicos.
Asimismo, la ley establece la obligatoriedad del Estado de consultar a los indígenas que habitan en ese territorio, si están de acuerdo con actividades hidrocarburíferas. Si hay explotación, se debe proceder a una compensación negociada.
Para la Defensoría se está afectando de manera grave el derecho a la consulta indígena y se está faltando el respeto "a sus formas de vida, a sus territorios y a sus recursos naturales".
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