Delgado presiona a Google y Facebook para controlar la difusión de 'fake news'

El Ministerio de Justicia quiere aprovechar la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos, este mismo viernes, para potenciar el control legal de las malas prácticas en las redes sociales y las plataformas de internet sobre las noticias falsas ('fake news') y la propagación de mensajes que alientan el discurso del odio. La propio ministra Delgado admitió esta semana durante un encuentro que ya se han reunido con varias plataformas, como Google y Facebook, para analizar con ellos la aplicación de la ley y conocer de primera mano qué es lo que están haciendo en sus organizaciones para evitar este tipo de procesos.

Desde el Gobierno socialista se ha defendido en todo momento la inclusión en la nueva ley de una serie de normas que hagan recaer sobre las plataformas digitales, las redes sociales y todo tipo de organizaciones que se dedique a gestionar o introducir mensajes en internet de forma masiva, la responsabilidad por las noticias falsas y los mensajes fraudulentos que se puedan difundir a través de sus estructuras.

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Fuentes cercanas a Justicia han asegurado que la ronda de consultas con este tipo de organizaciones sigue en marcha, para controlar que no se produzcan manipulaciones de mensajes y noticias como las que se han visto en algunos procesos electorales a nivel internacional, como ocurrió con el caso Cambridge Analityca en Estados Unidos. La mayor parte de estos procesos se produce a través de la difusión masiva de 'fake news' sobre listas de miles de contactos generadas con un rastreador digital (listas de bots), de forma que inundan la red, bloquean otros mensajes e influyen sobre la opinión pública.

Este tipo de prácticas son de difícil control desde la Administración y solo con el compromiso de los responsables de las grandes plataformas se puede atajar de forma más o menos efectiva. Para la ministra de Justicia, el problema es especialmente grave cuando a través de las redes se lanzan mensajes que promueven el discurso del odio y que se salen de los límites básicos de la libertad de expresión, por el efecto social real que después pueden llegar a tener. "La violencia verbal termina por ser violencia material en algún momento", explicó Dolores Delgado, tras anunciar la apertura del proceso negociador con los operadores de internet y ver la forma cortar lo que calificó, además, como "ataques inadmisibles a la protección de datos".

La nueva ley contempla una nueva serie de derechos y libertades digitales para proteger al consumidor, entre las que destaca el derecho al olvido o la desconexión laboral. Fuentes jurídicas conocedoras de las conversaciones que justicia ha mantenido con las plataformas de redes sociales aseguran que el problema al que se enfrenta la Administración es que no tiene capacidad para controlar todo lo que sale por la red a través de motores de búsqueda que lanzan las informaciones "y se quedan en el limbo digital sin ningún tipo de actualización". "En estos casos, la colaboración de entidades como Google y Facebook es imprescindible para poder controlar que no se hace un mal uso de los datos personales de nadie ni se vulnera, de forma masiva, su honor y buena imagen, que puede haber cambiado mucho sobre lo que a veces se encuentra en la red", aseguran.

A pesar de este proceso abierto desde Justicia para buscar "protocolos efectivos" de control del derecho al olvido, la norma no ha nacido con buen pie. Todas las críticas se han centrado en la opción que se abre en el nuevo artículo 58 de la ley para que los partidos políticos manejen listados de direcciones con usos electorales o de marketing político con lo que algunos expertos en este campo consideran un "control mínimo y muy difuso".

El artículo se limita a decir que la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que hagan los partidos en elecciones se entenderán "de interés público cuando se ofrezcan garantías adecuadas". A pesar del rechazo que se ha cosechado en este aspecto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que es el organismo encargado de vigilar este tipo de actuaciones, asegura que hay capacidad para controlar que no se hagan "perfiles ideológicos" que puedan atentar contra los derechos de las personas.

Aparte de lo que se pueda considera o no discurso del odio, los expertos consultados auguran un problema mayor a la hora de aplicar la nueva ley cuando se tenga que evaluar qué contenidos de los que se publican en las redes y las webs de todo tipo atentan contra el honor o la intimidad personal y familiar, protegido por el artículo 18 de la Constitución, y expresiones y contenidos se pueden encuadrar en el derecho a libertad de información, amparada también por la Carta Magna en su artículo 20.

Ese enfrentamiento entre lo que se considera información veraz y la que no lo es tanto alcanza una especial significación en la nueva norma, que pretende acotarlo con una especie de derecho 'expres' a la rectificación, que obligaría a muchos medios digitales y plataformas a aclarar en siete días situaciones que los usuarios puedan considerar difamatorias o que vulneran sus derechos.