Dependencia. El defensor del pueblo vuelve a recibir quejas de "numerosos" expedientes paralizados

La Oficina del Defensor del Pueblo ha constatado en su último informe anual que, "como en ejercicios anteriores, persisten las demoras en el proceso de valoración y reconocimiento del grado de dependencia", donde "numerosos expedientes quedan paralizados" una vez que se han resuelto y que el beneficiario ha aceptado las prestaciones ofrecidas.
En este aspecto, el informe indica, concretamente, que "numerosos expedientes quedan paralizados, sin causa imputable a la parte interesada, una vez formulada la propuesta de PIA (plan individual de atención) y aceptada la prestación ofrecida por los servicios sociales por la persona beneficiaria".
Esto, prosigue el documento, ha generado quejas relativas a personas reconocidas en un grado de dependencia protegible que no reciben ningún tipo de atención por su condición "y que incluso fallecen antes de ver resuelto su PIA".
A este respecto, algunas comunidades autónomas, como la valenciana y la Región de Murcia, manifiestan expresamente que la falta de crédito disponible impide el reconocimiento de prestaciones.
En este sentido, el texto constata que la falta de crédito suficiente ha supuesto que aun teniéndose reconocido un derecho, no se haga efectivo el importe de la prestación económica, "quedando supeditado el pago a disponibilidad de fondos para realizar la emisión del documento contable, situación en la que prosiguen las actuaciones de esta institución hasta que se produce el pago".
La oficina que dirige Soledad Becerril ha visto, igualmente, demoras en el pago de atrasos de las prestaciones económicas reconocidas por cuidados en el entorno familiar.
Las demoras en el proceso de valoración y reconocimiento del grado de dependencia se dan, "especialmente", en las solicitudes de revisión por agravamiento, y en el procedimiento de elaboración del Programa Individual de Atención para determinar y asignar los servicios del catálogo o las prestaciones económicas más adecuadas.
"Debe señalarse", apunta en este punto el informe del Defensor de 2014, "que el mayor número de quejas tiene su origen en la demora en la tramitación de procedimientos administrativos de reconocimiento de la situación de dependencia y en el procedimiento de elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), superando alguna comunidad autónoma en más de dos años el plazo de 6 meses que le impone la normativa".
También es objeto de "reiteradas quejas" el retraso "injustificado" en la resolución de las solicitudes de revisión del grado de dependencia por agravamiento y, en su caso, la adecuación del PIA, tras el reconocimiento de un grado de dependencia mayor.
Otra cuestión "recurrente" es la falta de pago de las prestaciones económicas reconocidas por ausencia de crédito disponible y el reconocimiento del servicio de Supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas.
Las nuevas fórmulas para calcular la participación de los beneficiarios en el coste de los servicios han propiciado asimismo la presentación de quejas, "destacándose aquellos supuestos en los que inicialmente se atribuye una participación insuficiente al usuario y posteriormente se acuerda iniciar un procedimiento de reintegro".
Y, finaliza la oficina del Defensor del Pueblo, a pesar de la aprobación del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, "se mantienen diferencias entre comunidades autónomas en cuanto al nivel de protección".