Desahucios. El psoe cree que la moratoria aprobada por el gobierno beneficia sobre todo a los bancos

La dirección del PSOE cree que la moratoria aprobada por el Gobierno para afrontar los desahucios beneficia solo a una mínima parte de los amenazados por la ejecución hipotecaria de su vivienda, y beneficia sobre todo a los bancos, porque no hay garantía de que no impondrán intereses de demora “abusivos” durante ese periodo.
Lo explicaron en rueda de prensa la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, y la portavoz en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ambas interlocutoras en las negociaciones de los últimos días con el Gobierno.
Esas conversaciones no han arrojado un acuerdo y el PSOE recela del decreto aprobado por el Consejo de Ministros por entender que es un mero “parche” que no ataja el problema de fondo y no hay garantías de que el trámite parlamentario permita ampliar el alcance de la reforma.
Ambas subrayaron la voluntad del PSOE de cerrar un acuerdo en este sentido y garantizaron que mantendrán la actitud “constructiva” y seguirán haciendo propuestas en el trámite parlamentario.
Por el momento el PSOE “no ha podido” cerrar ese acuerdo porque “no había un compromiso claro y firme para reformar en profundidad” la regulación legal de las ejecuciones hipotecarias para “equilibrar” los derechos de los hipotecados y de las entidades financieras.
La pretensión del PSOE era que la moratoria diera respuesta a los casos más urgentes mientras se abordaba esa reforma legal para atajar el asunto de fondo, pero no tienen garantías de que una vez aprobado el decreto vaya a ser así.
Además, a la vista de lo que ha aprobado el Consejo de Ministros y a la espera de comprobar el decreto que efectivamente publica el BOE, creen que contendrá modificaciones sustanciales respecto a la propuesta que el Gobierno había trasladado al PSOE.
Denuncian que la moratoria finalmente aprobada es “muy restrictiva” y, por ejemplo, sólo se aplicará a la última fase de la ejecución hipotecaria, la expulsión del deudor, pero no a las previas, por lo que las familias amenazadas seguirán recibiendo las notificaciones de que el procedimiento sigue adelante y, aunque no sean desahuciadas, perderán legalmente la propiedad de su vivienda y pueden acumular intereses de demora.
Reiteran, por ello, la necesidad de aprobar medidas de renegociación de la deuda para que la hipoteca se pueda seguir pagando, de forma que el deudor conserve su casa y el banco siga cobrando, una fórmula con la que “ganan todos”.
Con la moratoria aprobada por el Gobierno, aseguró Leire Iglesias, una familia con uno de los dos progenitores en paro y una renta del otro de 900 euros, con tres o más hijos, incluso alguno de ellos con discapacidad, y una carga hipotecaria que no supere 400 euros, no se podría acoger.
Para los que sí puedan acogerse, denunció, es un mero “corredor de espera” porque no les echan de la casa pero tampoco pueden renegociar, acumulan intereses de demora y pierden la titularidad legal de la vivienda.