Madrid.- Los antiguos responsables de Seguros Mercurio, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, culpan a la auditora PriceWaterhouseCoopers (PWC) de no haber detectado el déficit de provisiones que soportaba la compañía desde 2005, lo que les impidió tomar medidas efectivas para evitar que fuera intervenida.
En los escritos que han remitido al Juzgado de lo Mercantil número 9 Madrid, a los que ha tenido acceso Efe, los dos empresarios rechazan ser culpables de la situación de la aseguradora, de la que sólo fueron conscientes a principios de 2009 a raíz de un informe interno que revelaba una falta de 9 millones en las provisiones que cubren los siniestros estimados.
Por ello, encargaron un estudio a la auditora de Seguros Mercurio, PWC, que reveló que el déficit de provisiones "venía desde el año 2005 y se fue agravando -con desconocimiento de los accionistas y el consejo de administración- hasta el año 2008, inclusive", señalan los escritos.
El informe de la firma de auditoría mostró que en todos los ejercicios analizados y con todos los escenarios planteados existía un déficit de provisiones, que ascendía a 15,47 millones en los supuestos que exigían más prudencia.
Díaz Ferrán y Pascual critican que ni PWC ni los asesores nombrados a propuesta de la Dirección General de Seguros (DGS), Jacint Boixasa y Fulgenci Ros, hubieran detectado esa falta de provisiones.
Por ello, consideran que fue ese cálculo erróneo de provisiones, que se arrastró durante años pese a "tantos controles, auditores y expertos", lo que situó a la compañía "en una situación realmente comprometida" y no su supuesta mala gestión.
"Los miembros del consejo de administración, en base a la información que le había sido suministrada, actuaron con la diligencia ordinaria pero se encontraron con una realidad que hasta ese momento se había mantenido oculta, sin posibilidad de adoptar medidas correctoras en su momento adecuado, que no era otro que el año 2005", se resume en los escritos.
Los dos ex propietarios del grupo Marsans, del que formaba parte Seguros Mercurio, también recuerdan que acometieron una "importante ampliación de capital" para corregir la situación, aunque finalmente no evitó que la aseguradora fuera intervenida en marzo de 2010 por la DGS.
Según el Consorcio de Compensación de Seguros, que se ha encargado de liquidar Seguros Mercurio, la compañía tenía un margen de solvencia inferior en 11,27 millones al mínimo exigido.
El organismo, dependiente del Ministerio de Economía, ha pedido al juzgado que considere culpable de la insolvencia a todos los miembros del consejo de administración de Seguros Mercurio y les condene a pagar 30,65 millones por los daños generados, entre los que se incluyen supuestas salidas de dinero sin contraprestación efectiva llevadas a cabo a través de operaciones inmobiliarias.
Respecto a esas operaciones, Díaz Ferrán y Pascual defienden que "en todo momento" cuidaron de la solvencia patrimonial de la compañía, ya que pretendieron integrar en su patrimonio bienes inmuebles que ofrecían mayores garantías a terceros que derechos de crédito no avalados.
"En el patrimonio de Seguros Mercurio no se ha producido una salida fraudulenta de bienes o derechos", sostienen en los escritos, en los que insisten en que "se ha producido una sustitución de bienes o derechos por otros de mayor solvencia patrimonial frente a terceros" y que todas las operaciones han estado apoyadas en "valoraciones de mercado".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios