Discapacidad. El defensor del pueblo recomienda que se incrementen los recursos para la tramitación del certificado de discapacidad

La Oficina del Defensor del Pueblo ha recibido "numerosas" reclamaciones relacionadas con la concesión y la renovación del certificado de discapacidad, según evidencia el último informe anual de esta institución, que recomienda por este motivo que se incrementen los recursos para solventar esta situación.
Según el mencionado informe, de 2014, los mayores defectos observados en cuanto a la tramitación del certificado de discapacidad son las demoras en la gestión de las revisiones "y, en alguna ocasión, la revisión a la baja del grado de discapacidad sin justificar la mejoría del interesado".
Ante esta situación, la institución que dirige Soledad Becerril aconseja que se adopten medidas organizativas y que se incrementen los recursos personales y materiales dedicados a resolver las valoraciones de grado de discapacidad para que puedan cumplirse los plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.
En cuanto a la accesibilidad, el texto pone de manifiesto que continúa constatándose su falta "en muchos aspectos de la vida diaria", lo que "dificulta", reconoce, que las personas con discapacidad puedan llevar "una vida normal".
Tanto es así que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) remitió al Defensor del Pueblo un documento con un centenar de denuncias sobre deficiencias de accesibilidad.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Relacionado con este mismo aspecto está el del acceso a los medios de difusión por parte de las personas con discapacidad, un aspecto sobre el que el Defensor del Pueblo ha recibido también quejas.
En concreto, el Cermi planteó al Defensor del Pueblo la "frecuente ausencia de subtítulos en las televisiones públicas y privadas", y también su falta de adecuación y baja calidad, ya que, argumentaba, se hace "con diálogos desfasados o con una transcripción incorrecta".
También dentro del apartado relativo al acceso a la información han llegado hasta la oficina de Soledad Becerril quejas relacionadas con las reemisiones o emisiones en otros formatos de contenidos televisivos.
Así, refleja el documento, las obligaciones legales de accesibilidad en la televisión "solo operan en cuanto a las emisiones televisivas, pero cesan cuando esos mismos contenidos se difunden o son puestos en circulación pública a través de otros medios o vías cada día más extendidos, como son Internet, la televisión a la carta o soportes como el DVD u otros similares".
Desde esta perspectiva, los afectados por esta situación planteaban en sus reclamaciones la conveniencia de que se extiendan estas obligaciones legales y normativas a los supuestos relativos a la redifusión de contenidos audiovisuales distintos al estrictamente televisivo.
Y es que, argumentaban, "el hecho de que contenidos que ya son accesibles se emitan sin las mismas características de accesibilidad al replicarse por otros medios, constituye una visión parcial de la accesibilidad audiovisual o documental universal, y además carece de sentido que una vez hecho el esfuerzo se elimine el formato accesible de los contenidos en el resto de difusiones que se realicen".