Buenos Aires, 22 jun.- Ecologistas y vecinos de Gualeguaychú (Argentina) se movilizaron hoy para protestar contra el aumento de la producción de una planta de celulosa instalada sobre la ribera uruguaya de un río fronterizo, que será recurrida por el Gobierno de Cristina Fernández ante el Tribunal de La Haya.
Convocados por la Asamblea Ciudadana Ambiental, los manifestantes se trasladaron en caravana hasta el puente internacional "General San Martín", fronterizo entre Argentina y Uruguay, para reclamar por la planta de celulosa que la finlandesa UPM (antigua Botnia) tiene en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Uruguay autorizó el pasado 13 de junio a la papelera a incrementar su producción hasta alcanzar 1,3 millones de toneladas al año, una decisión que el Gobierno argentino consideró "un gesto inamistoso" del Ejecutivo del mandatario uruguayo, José Mujica.
Tras conocerse la decisión, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, envió una misiva al canciller de Uruguay, Luis Almagro, en la que le reclamó dejar "de inmediato sin efecto" el aumento de producción en la planta de celulosa.
"El Gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010, para lo cual he dado instrucciones de comenzar los procedimientos correspondientes", indicó Timerman en la carta.
Igualmente, Timerman informó a Almagro que el Gobierno argentino "procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales".
La instalación de la planta de Botnia en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas entre ambos países por el bloqueo que los vecinos de la localidad argentina de Gualeguaychú mantuvieron durante varios años en el puente fronterizo.
Por este conflicto, Argentina recurrió en 2006 a la CIJ, con sede en La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a su vecino sobre los detalles de la construcción.
El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.
A pesar de la oposición de las autoridades argentinas, el Gobierno uruguayo otorgó la autorización de ampliar la producción pero exigió que UPM rebajara el contenido de fósforo en las aguas que se vierten al limítrofe río Uruguay y que se enfriara a menos de 30 grados la temperatura de las mismas.
La autorización definitiva de Uruguay llegó una vez que la compañía acreditó haber cumplido con esas condiciones medioambientales.
La fábrica está ubicada en la periferia de Fray Bentos, a unos 300 kilómetros al noroeste de Montevideo, y frente a las costas de Gualeguaychú, sobre el río Uruguay.
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