La inédita resolución del Popular por asfixia de liquidez y no por insolvencia cogió desprevenida a la comunidad financiera e, incluso, a las autoridades, forzadas a introducir ahora cambios en la manera de abordar las crisis bancarias. En la Unión Europea (UE) hasta se ha reabierto el debate sobre la oportunidad de decretar ‘corralitos’ temporales que eviten la salida despavorida de ahorros de clientes para estabilizar una entidad o, llegado el caso, orquestar la mejor solución para el banco a la deriva sin las prisas de un trabajo a contrarreloj.
Un documento preparado por la presidencia de Estonia a la UE y recogido por Reuters considera una “opción viable” capacitar a los organismos supervisores para que bloqueen las cuentas bancarias impidiendo los reembolsos en ventanilla y a través de transferencias de fondos cuando una entidad se tambalee. Según desvela la agencia de noticias, la propuesta fue discutida por los países de la Unión el pasado 13 de julio y aboga por permitir congelar la extracción de depósitos durante cinco días laborables o un máximo de 20 en “circunstancias excepcionales”. El tema habría quedado pendiente de retomarse en septiembre con fuerte división entre estados, con Alemania ejerciendo de principal valedor frente a varios países temerosos de que el riesgo de que se congelen las cuentas abone las fugas de dinero cuando las incertidumbres rodeen a una entidad.
La figura del ‘corralito’ es una opción recogida ya en la regulación europea como muralla última en situaciones de emergencia. Fue el arma utilizada por Grecia en 2015 cuando echó el cierre a todas las sucursales bancarias y cajeros automáticos durante un mes para evitar la retirada masiva de dinero antes de la celebración sobre el referéndum convocado por Alexis Tsipras para decidir sobre las quitas propuestas a la deuda por los acreedores internacionales.
Su potencial uso para otros fines se encontraba, de hecho, sobre la mesa desde finales del 2016, pero la crisis del Popular es la que precipita, de verdad, el debate. Ningún guión contemplaba la resolución de un banco solvente. Y, sin embargo, el sexto banco español rompió con toda previsión regulatoria y supervisoras cuando se entregó el pasado 6 de junio a la Junta Única de Resolución (JUR, por sus siglas en inglés). Pidió la intervención ante la imposibilidad de atender con normalidad en sucursales y cajeros a los clientes que solicitasen desembolsos después de haber sufrido la estampida de 20.000 millones de depósitos en el semestre.Depósitos al 1%, diez veces el precio de mercado
Muy buena parte del capital pertenecían a inversores institucionales seducidos por un extratipo del 1% cuando el conjunto de la banca ofrecía un 0,10%, que huyeron despavoridos ante las dudas sobre su viabilidad y la espiral de deterioro del rating de solvencia otorgado por Standard & Poor’s, Moody’s y DBRS. Tanto que la Junta de Resolución había decidido venderlo de forma urgente o llevarlo a una liquidez por concurso de acreedores de no encontrar ofertas en el fin de semana del 10 y 11 de julio, pero tuvo que precipitar el salvamento en la madrugada del día 7 cuando sus ejecutivos reclamaron la intervención. En el aire queda la duda de si la solución habría sido distinta de contar con un plazo superior para facilitar la presentación de ofertas alternativas a la del Santander, la única que se formuló.¿Había otras armas para ayudar al Popular?
El eurodiputado del PSOE, Jonás Fernández, cree que en el Popular no se agotaron en todo caso las posibilidades. A su entender, al banco se le podría haber asistido habilitando al Banco de España para que ampliase la línea de liquidez de emergencia (ELA) tomando en préstamo garantías aunque no estuviesen aún titulizadas como se ha permitido a otros bancos centrales; o, incluso, con garantías concedidas por el Gobierno como hizo al principio de la crisis. Según detallaron en su día fuentes de la antigua dirección, el Popular contaba con activos potencialmente movilizables por un valor de 40.000 millones para obtener liquidez, pero al no estar certificados como inmediatamente ‘descontables’ solo le sirvieron para recibir 3.800 millones del BCE.
La Comisión Europea no quiere que algo así vuelva a suceder aunque toda su legislación ha eximido hasta la fecha a los depósitos cubiertos por los fondos de garantía -por ejemplo, la normativa permite que en la resolución de un banco sufran quitas ciertos depósitos siempre que los saldos excedan los 100.000 euros protegidos-. La idea del ‘corralito’ la sugirió, incluso, la misma presidenta del JUR, Elke König, aunque con otra formulación durante su comparecencia en el Parlamento Europeo para explicar la actuación del organismo con el Popular y la banca italiana.
La alemana reclamó extender a la zona euro una herramienta legal existente en varios países que permite congelar toda la operativa de pagos e ingresos en una entidad mientras se busca una solución a sus problemas. Lo que subyace es un temor no tan evidente antes de que una fuga de ahorros desestabilice a otros bancos, máxime cuando sistemas financieros casi enteros, como es el italiano, se encuentran bajo el foco por el abrumador trabajo que se les avecina para digerir los miles de millones de euros en activos improductivos que anegan sus balances.
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