Madrid, 22 mar.- Inmigrantes ecuatorianos afectados por el pago de hipotecas en España han solicitado hoy al Gobierno de su país que prohíba que entidades financieras de Ecuador cobren deudas adquiridas por sus ciudadanos con los bancos españoles, algo que, han denunciado, ya está haciendo el Banco Pichincha, entre otros.
Para ello, medio centenar de ecuatorianos, convocados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en España, se han manifestado frente a la embajada de Ecuador en Madrid y han entregaron después a la embajadora, Aminta Buenaño, un documento con sus reclamaciones.
"Desde hace cuatro años venimos suplicando ayuda a nuestro Gobierno, pero ahora con más contundencia, porque ya se han sumado abogados, constitucionalistas y asambleístas para apoyarnos en el proyecto de Ley", ha señalado a Efe Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE).
Quinatoa se ha referido al proyecto de Ley Hipotecaria, que en estos momentos se está tramitando en la Asamblea de Ecuador, para subrayar que lo que solicitan es "que incluya la prohibición de que entidades financieras ecuatorianas compren la cartera de crédito a las españolas para seguir cobrando las deudas".
"Queremos que se cierren todas las posibilidades, todas las puertas, para que ninguna institución financiera vaya a por nosotros, a seguir cobrándonos en nuestro país, y eso es algo que ya está pasando con mucha gente inmigrante que se ha regresado a Ecuador", ha añadido.
La presidenta de CONADEE ha subrayado que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en su reciente visita a España, hizo "una mención en general" al problema, "pero no habló con contundencia sobre el proyecto de ley que argumentamos y necesitamos urgentemente".
"La urgencia se debe a que estamos hablando de unas 60.000 u 80.000 personas afectadas sólo en Madrid, porque 8.500 familias hasta el 2010 pasaron por nuestras oficinas para asesorarse", ha dicho.
De esas familias -ha proseguido- "hay avalistas y también copropietarios. Hay escrituras que las tienen hasta cuatro dueños. El problema se va multiplicando en lugar de solucionarse".
Quinatoa ha denunciado que muchos de sus compatriotas fueron, además, "estafados" por bancos e inmobiliarias cuando firmaron la hipoteca.
"Y cuando hablamos de la estafa nos referimos a que los contratos eran fraudulentos, con avales cruzados, otros que se desconocen, documentos firmados en blanco, contratos ficticios hechos por la misma inmobiliaria y nóminas aumentadas", ha explicado.
Pero lo peor -ha dicho- es que "en un mes hacían los trámites, exigiendo que se firmara con rapidez para poder eludir los controles de riesgo del Banco de España, entidad que está enterada de lo que sucedía, porque así se lo hemos hecho llegar, pero que no se ha pronunciado hasta el momento".
Según la presidenta de CONADEE, la situación es "tan extrema" que muchos ecuatorianos abandonan las llaves de sus casa y sus coches en el aeropuerto antes de regresar a su país.
"Estamos decepcionados, indefensos y desprotegidos. Queremos que Ecuador haga justicia aprobando esa ley", ha subrayado.
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