El estudio ha sido presentado este jueves 18 de mayo por Pedro Posada, consultor senior de NERA Economic Consulting, y por el presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Arsenio Escolar, en una rueda de prensa celebrada en la sede de Oliver Wyman en Madrid.
En concreto, la investigación analiza los efectos de la entrada en vigor del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que establece el cobro de un canon a agregadores de contenidos que se destinaría a editores a modo de compensación por el uso de sus noticias.
Así, las principales conclusiones del informe apuntan que, desde la entrada en vigor del citado artículo, se ha creado una "barrera" de entrada y de expansión, con el "consecuente impacto negativo sobre la concentración y la competencia".
Para los investigadores, "no existe justificación ni teórica ni empírica" para la existencia del canon ya que los agregadores suponen un "beneficio" para los editores de prensa 'online' En este sentido, Posada ha explicado que los estudios realizados con anterioridad apuntan a que "sin agregadores el tráfico web cae" y ha agregado que, desde el cierre de Google News, el tráfico cayó en un rango del 11 al 20%.
El estudio señala además que con el artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) "se intenta imponer un modelo determinado" lo que, desde el punto de vista de los autores del informe, supone ir "contra la libertad de prensa de los diarios".
Por otro lado, la investigación destaca que esta legislación ha inducido al cierre en España de varios servicios de agregación de noticias, creando además barreras de entrada y expansión también en este sector.
La investigación muestra además el impacto "negativo" para los consumidores, que han reducido el consumo de noticias, han visto reducida la variedad de contenidos e incrementado el tiempo de búsqueda de los mismos; así como para los anunciantes debido a la mayor concentración en el mercado publicitario o a la perdida de canales especializados. Afecta también a la innovación en los sectores afectados.
En este contexto, Escolar ha recordado que tasas similares en otros países eran "voluntarias", de modo que el editor "las cobraba si quería". "Nadie quiso cobrarla", ha destacado, al tiempo que ha añadido que la razón es que se dieron cuenta de que "los agregadores les dan a los editores mucho más de lo que se llevan: visibilidad, trafico y, por tanto, ingresos".
El presidente de la AEEPP ha manifestado que, en España, el concepto de 'irrenunciabilidad' al canon supone "una intromisión en la libertad de empresa". "Si yo tengo un activo, mis contenidos, creo que tengo el derecho a gestionarlos como quiera: venderlos o regalarlos. Entonces, el legislador si me obliga a venderlos y a cobrar por ellos está vulnerando una libertad básica de la economía de mercado", ha argumentado.
En este sentido, Escolar ha destacado que esta argumentación la ha defendido también la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la CEOE cuando la Ley estaba en tramitación. "Es evidente que el daño que está haciendo al sector el 32.2 de la LPI, aunque no se esté cobrando, queda sobradamente demostrado aquí", ha subrayado.
Finalmente, el presidente de la AEEPP ha instado al Gobierno a retirar este artículo de la Ley ante el "daño evidente que está provocando al sector", así como ha pedido a las autoridades europeas que lleguen a esta misma conclusión y "no repitan el error a nivel europeo, no sea que el daño sea aún mucho mayor".
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