EEUU da luz verde al país más peligroso del mundo para los sindicatos

Cuando una huelga de trabajadores paralizó laproducción en el mayor campo petrolífero de Colombia el año pasado, las fuerzasgubernamentales atacaron el campamento de los huelguistas y levantaron susbarricadas en las carreteras.

Tras la huelga, unos 1.000 trabajadores delsector afiliados a sindicatos fueron despedidos, y a otros se les permitiócontinuar en su puesto a cambio de sumarse a un falso sindicato pro empresa.Este tipo de operación anti sindicatos eshabitual en Colombia, y ayuda a explicar por qué los activistas laboralistas yalgunos abogados de EEUU están decepcionados tras el anuncio de la administraciónObama de que el Acuerdo de Libre Comercio EEUU-Colombia entrará en vigor el 15de mayo."La decisión del presidente ha sidoprematura", asegura el congresista demócrata Jim McGovern. "Esto quita lapresión a los poderes sobre la necesidad de resolver las continuas violacionesa los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia".En la Cumbre de las Américas celebrada elpasado fin de semana en Cartagena, el acuerdo comercial fue presentado por losdos presidentes (el anfitrión, el colombiano Juan Manuel Santos, y BarackObama) como el comienzo de una era en la cooperación económica bilateral."Hemospasado de ser buenos amigos a ser verdaderos socios", dijo Santos enconferencia de prensa.Pero los críticos señalan que un acuerdoparalelo clave (el llamado Plan de Acción Laboral, que establece las bases paramejora las condiciones laborales en Colombia) todavía no ha sido ejecutado ensu totalidad por el Gobierno colombiano.En un comunicado conjunto los líderes de lasdos principales confederaciones laborales de Colombia señalan que calificar de"éxito" en este momento la implantación del Plan de Acción Laboral suponeparalizar el progreso en derechos humanos, produciría un retroceso y eliminaríaun incentivo clave a la hora de motivar la adopción de reformas.Colombia sigue siendo la nación más peligrosadel mundo para los activistas sindicales, con casi 3.000 de ellos asesinadosdesde 1986, según Human Rights Watch. Sólo unos cuantos asesinos han sidocondenados por ello. Además, los despidos ilegales y las amenazas de muerte amenudo impiden la formación de representaciones sindicales en las empresas.Esta represión ha hecho que muchos demócratasen el Congreso de EEUU se opongan al acuerdo comercial. Fue firmado entre losdos países en 2006, pero ha estado paralizado por el rechazo de loslegisladores estadounidenses a aprobarlo. Firmadoel año pasado por los dos gobiernos, el Plan de Acción Laboral es un acuerdoparalelo que ha resultado crucial a la hora de convencer a varios congresistasdemócratas a cambiar de postura.  Eltratado comercial fue finalmente ratificado el pasado mes de octubre.El Plan de Acción Laboral contiene 37 puntosy, según la mayoría de testimonios, ha ayudado a preparar el terreno paramejoras.En febrero, por ejemplo, el ministrocolombiano de Trabajo, Rafael Pardo, anunció una amplia operación contra lascooperativas de trabajadores. Las cooperativas son un gran punto de discordia,porque a menudo sirven como agencias de trabajadores temporales, aportando manode obra barata a granjas y negocios. Pero sus miembros son consideradospequeños propietarios, y por lo tanto se les prohíbe pertenecer a sindicatos.Los activistas sindicales reconocen que elpresidente Santos ha impulsado grandes cambios respecto a sus antecesores,algunos de los cuales veían en los sindicalistas a guerrilleros comunistasdisfrazados y miraban hacia otro lado cuando les asesinaban los escuadrones dela muerte. La administración Santos incluso ha financiado anuncios en la radioanimando a los trabajadores a afiliarse a los sindicatos."Hasido una enorme sorpresa para los colombianos, porque el gobierno ahora diceque los sindicatos son buenos", dice Luciano Sanin, director de la EscuelaNacional de Trabajo, un centro de investigación con sede en Medellín.Pero ahora Santos está siendo criticado desdeambos flancos: los sindicalistas le acusan de no hacer suficiente, y algunoslíderes empresariales le acusan de plegarse a Washington al firmar el Plan deAcción Laboral.De cualquier modo, el cumplimiento del plansigue siendo un aspecto polémico. Aunque el Ministerio de Trabajo estácontratando a más inspectores, tan sólo tienen 1.200 funcionarios paracontrolar los abusos laborales en todo el país."Estamos fortaleciendo el sistema", dijo elministro Pardo recientemente en una entrevista. "Pero necesitamos másinspectores más capacitados. Tenemos relativamente pocos inspectores paracubrir todo el país. Las leyes están cambiando y necesitamos que estén al díacon esos cambios".Según la Escuela Nacional de Trabajo la faltade supervisión es una de las principales razones por las que nueve de los 37puntos del Plan de Acción Laboral han sido ignorados, mientras que los otros 27han sido implementados de forma parcial.En una carta del 10 de abril al Ministerio deTrabajo de Colombia, McGovern y otros cuatro legisladores de EEUU que estánvigilando el cumplimiento del Plan de Acción Laboral exponen una serie deproblemas específicos.Para poder mantener sus puestos de trabajo,señala la carta, los trabajadores del sector platanero de Colombia a menudotienen que demostrar a sus jefes que no están afiliados a ningún sindicato. Denunciaademás que los trabajadores de las cooperativas están siendo sustituidos poragencias similares pero con nombres diferentes, que continúan suministrandomano de obra barata y no afiliada a sindicatos.Los legisladores también dicen que pese a laspromesas de Colombia de aumentar el número de investigadores y fiscales, no seha producido casi ningún avance en los casos abiertos de sindicalistasamenazados o asesinados.Pero la administración Obama aparentemente hadecidido ignorar esos hechos y concentrarse en los posibles beneficios elpacto comercial bilateral.