El acuerdo con Repsol favorece horizonte para inversiones en Argentina

Buenos Aires, 24 abr.- El convenio aprobado esta madrugada por el Parlamento argentino para compensar a la petrolera española Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF favorece las posibilidades de recibir inversión externa en un momento en que Argentina necesita recursos.

Tras más de 16 horas de debate, la iniciativa recibió luz verde esta madrugada en el Parlamento, con 135 votos a favor -del gobernante Frente para la Victoria y sus aliados-, 59 en contra y 42 abstenciones, del Frente Renovador que lidera el que fuera jefe de Gabinete, Sergio Massa, y de la conservadora Propuesta Republicana, encabezada por el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri.

Aprobado previamente por el Senado argentino y por el Consejo de Administración de Repsol, el convenio se convertirá en ley tras la promulgación de la presidenta, Cristina Fernández, e implica el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol mediante un esquema de bonos con vencimientos entre 2017 y 2033 y tasas de interés que oscilan entre el 7 % y el 8,75 %.

Para afrontar el pago, Argentina lanzará una emisión de deuda pública por hasta 6.000 millones de dólares, que incluirá los 5.000 millones de dólares que se entregarán a la petrolera española más otros 1.000 millones para cubrir la suma acordada en caso de que los títulos coticen en el mercado por debajo de su valor nominal.

La convalidación parlamentaria y su promulgación como ley figuraban entre las condiciones del acuerdo, que implica por parte de Repsol la retirada de las demandas contra Argentina interpuestas en tribunales internacionales.

El Gobierno argentino defiende que la compensación es justa y conviene a país porque permitirá que YPF, libre de litigios con Repsol, consiga atraer inversiones para su ambicioso plan de exploración y explotación energética, con desembolsos por 7.000 millones de dólares anuales proyectados para el período 2013-2017.

La oposición, por el contrario, cuestiona los términos del acuerdo con la petrolera española y critica la política del Gobierno de Cristina Fernández.

La más dura en sus críticas durante el debate fue la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica (centro), que denunció que en el caso YPF hubo "una "asociación ilícita entre españoles y argentinos" y que el acuerdo constituye "un regalo de 5.000 millones de dólares pagados por el pueblo para que les cierre el negocio financiero a los españoles".

"La mayor empresa de América fue entregada y vaciada con la complicidad de las autoridades argentinas", insistió Carrió.

Federico Pinedo, del PRO, justificó su abstención "para que Argentina no quede como un país que no cumple con sus obligaciones", aunque consideró que el acuerdo constituye "una amnistía a Repsol por los daños ambientales".

El kirchnerismo reconoció que vio "con asombro" que quienes acompañaron la decisión "estratégica" de Fernández de volver a tener el 51 % de las acciones en manos del Estado argentino "hagan verdaderas peripecias para oponerse a un acuerdo" que considera "a todas luces bueno para la Argentina", en palabras de la diputada Juliana Di Tullio.

El convenio supone para Repsol una compensación que parecía difícil de lograr tras la expropiación, y para Argentina la posibilidad de lanzar un guiño a los inversores extranjeros para avanzar en su apuesta por Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales que puede sacar al país de su crisis energética.

Según los expertos, con independencia de las cifras del convenio, solo el hecho de que Repsol retire las 31 demandas interpuestas contra Argentina en tribunales internacionales constituye ya un paso trascendente para el penoso historial del país ante el CIADI, al que acudieron una treintena de multinacionales tras la crisis de 2001-2002.

"El acuerdo constituye, sin duda, un paso positivo más en la resolución de las relaciones de Argentina en el frente internacional y despeja el camino para encarar las cuestiones pendientes en la materia", destacó Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina.

Solucionar sus expedientes en el CIADI, negociar la reestructuración de su deuda con el Club de París y avanzar en una solución definitiva al juicio entablado por fondos de inversión en Estados Unidos es parte de la estrategia argentina para intentar "normalizar" su relación con la inversión extranjera.

YPF está bajo control del Estado argentino desde mayo de 2012, cuando el Parlamento aprobó la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, que mantiene una participación del 12% en la mayor productora de hidrocarburos del país.

La petrolera argentina registró el año pasado un beneficio neto de 5.681 millones de pesos (más de 514 millones de euros), con un alza interanual del 45,6 %.