La Paz, 8 abr.- Los enfrentamientos y bloqueos ocurridos en Bolivia la semana pasada tras la aprobación de la nueva Ley de Minería, que dejaron dos muertos, desencadenaron hoy la sustitución del ministro del ramo, Mario Virreira, que fue sustituido por César Navarro.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, designó a Navarro a primera hora de hoy en una decisión sin precedentes en el mandatario, que suele abordar los cambios de su gabinete cada mes de enero, cuando se conmemora su llegada al poder y rinde cuentas al país en un discurso ante el Parlamento.
Además de los dos muertos, un centenar de mineros y policías resultaron heridos en los enfrentamientos de la semana pasada, cuando miles de cooperativistas del sector bloquearon durante varios días las carreteras en cinco regiones del país en rechazo a varios cambios de última hora introducidos en la Ley de Minería durante su paso por el Congreso.
Durante el acto de posesión del nuevo ministro, Morales aludió a supuestos "intereses ocultos" del equipo técnico del ministro saliente.
Morales advirtió de que se investigarán los contratos entre cooperativistas y empresas privadas después del anuncio el lunes del Gobierno de que se habían detectado 42 contratos ilegales entre las cooperativas del sector y multinacionales.
Por ello, dijo el mandatario, una de las primeras tareas del nuevo ministro será hacer una auditoría a esas contrataciones para determinar si fueron inconstitucionales.
Los mineros suspendieron sus movilizaciones a finales de la pasada semana a la espera de reunirse con Morales, que ha anunciado que los recibirá el próximo jueves.
La protesta estalló con la reforma del proyecto de Ley de Minería, en la que el Congreso introdujo cambios de última hora a pesar de que la normativa había sido concertada con el sector durante tres años.
Los parlamentarios habían detectado que el proyecto facultaba a las cooperativas a firmar contratos de asociación con entidades privadas, nacionales o multinacionales, cuando la Constitución atribuye esa potestad al Estado.
Según el Congreso, el riesgo es que los organismos privados se aprovechen de las condiciones tributarias preferentes otorgadas a las cooperativas y se apropien de los yacimientos.
El otro cambio rechazado por las cooperativas es que sus contratos con el Estado deban ser aprobados en el Parlamento, ya que el proyecto inicial establecía que se refrendarían en una instancia inferior.
A raíz de los enfrentamientos, el tratamiento de la norma fue suspendido en el Senado en busca de nuevos consensos con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
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