El congreso convalida la reforma de las políticas activas de empleo

El Congreso de los Diputados votará este jueves la convalidación del real decreto que recoge la reforma de las políticas activas de empleo, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero.
El Gobierno espera que el Parlamento dé el visto bueno al real decreto y también a su tramitación como proyecto de ley.
La secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, subrayó el día de la aprobación de la reforma por el Consejo de Ministros que el Ejecutivo utiliza la fórmula de real decreto para que las medidas "entren en vigor lo antes posible".
También destacó que la elaboración de la reforma ha sido un proceso "transparente" que ha contado con la colaboración de todas las comunidades autónomas.
La reforma instaura como derecho de los parados la elaboración de un itinerario personalizado para su reinserción laboral, para lo que los servicios públicos de empleo cuentan con 3.000 orientadores adicionales.
Los datos de Trabajo muestran que en 2010 los 1.500 orientadores que ya se habían incorporado realizaron un total de 900.000 itinerarios, por lo que el objetivo es que en 2011, con el doble de especialistas trabajando en los servicios de empleo, se alcancen los dos millones de itinerarios.
Este año, los servicios públicos de empleo priorizarán la elaboración de los itinerarios de los colectivos con más dificultades, como los jóvenes, los parados de larga duración o los mayores de 45 años procedentes de sectores en crisis, como la construcción. Poco a poco se irá abriendo el abanico con el objetivo de que en el año 2013 se produzca la "universalización" de este derecho.
Por otro lado, la reforma de las políticas activas se centra principalmente en los programas de empleo, a los que el Gobierno destina aproximadamente una tercera parte del presupuesto total de estas políticas, que asciende a 7.400 millones de euros.
Las otras áreas de las políticas de empleo son las bonificaciones, que ya se reformaron recientemente, y las inversiones en formación de trabajadores y parados.
En este último caso, la reforma lo que hace es incorporar la formación a la ley de empleo. Por otro lado, Rodríguez avanzó que en abril comenzará la negociación del quinto acuerdo de formación para el empleo.
La reforma elimina todos los planes y programas existentes hasta ahora a nivel nacional y que obligaban a las comunidades autónomas a llevarlos a cabo, ya que dejaban "sin margen de maniobra" a los gobiernos regionales para cubrir sus necesidades particulares.
Así, elimina estos programas nacionales y deja que sean las comunidades autónomas las que diseñen sus medidas de empleo en función de sus necesidades, ajustando los planes al perfil de sus parados y ocupados.
No obstante, el Gobierno introduce también una serie de instrumentos para dar cohesión a estas políticas de empleo con el objetivo de garantizar la unidad en el tratamiento de los desempleados.
Para lograr esta cohesión, el Ejecutivo negociará con los agentes sociales y las comunidades autónomas una Estrategia Española de Empleo plurianual que fijará una orientación de las políticas activas y unos objetivos concretos a cumplir.
Además, esta estrategia establecerá una serie de indicadores para controlar el cumplimiento de estos objetivos y fijará las dotaciones económicas y el reparto de las inversiones del Estado.
Una vez hecha esta estrategia, que el Ejecutivo espera que esté lista en octubre, comenzará la negociación de un Plan Nacional de Política de Empleo que tendrá una vigencia anual y establecerá las orientaciones y los objetivos que se deberán cumplir año a año.
El primero de estos planes, que fijará el camino para dar cumplimiento a la estrategia plurianual, será el del año 2012.