El congreso convalida mañana el decreto que aprueba indemnizar con 1.350 millones a acs por castor

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y convalidará este jueves el real decreto-ley con el que el Gobierno adopta la hibernación de las instalaciones del almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón), y reconoce una compensación de 1.350 millones a la promotora, Escal UGS, participada por ACS, que será asumida por Enagás para posteriormente ser retribuida durante 30 años por el sistema gasista.
La normativa, aprobada el pasado 3 de octubre en el Consejo de Ministros, establece la hibernación de las instalaciones, de forma que no se realizará ninguna extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento. No obstante, mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan, o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras.
De igual forma, se aprueba la extinción de la concesión de explotación del almacenamiento tras la renuncia por parte de Escal UGS, y se establece la asignación de la administración y mantenimiento de las instalaciones a Enagás Transporte, quien se encargará durante la hibernación de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios.
El real decreto establece el reconocimiento de 1.350,7 millones de euros a Escal UGS, S.L. por el valor de la inversión, cantidad que será abonada por Enagás Transporte. Por el pago de esta cantidad, Enagás Transporte, tendrá un derecho de cobro del sistema gasista que se pagará durante un plazo de 30 años, realizándose el primer pago el 25 de abril de 2016.
AHORRO DE 110 MILLONES AL AÑO
Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo defendieron que la medida adoptada permite reducir el coste para el sistema gasista frente al coste del almacenamiento en caso de haberse puesto en funcionamiento las instalaciones como estaba previsto.
En concreto, el ahorro a partir de 2017 se estima en más de 110 millones de euros al año, pasando de costar más de 210 millones de euros anuales a unos 100 millones de euros cada año.
Adicionalmente, el real decreto-ley que previsiblemente aprobará este jueves el Congreso, permite la adaptación de la titularidad de las centrales nucleares a lo dispuesto en la Ley de 1964 sobre energía nuclear, modificada en 2011, que exige que el titular de la autorización de explotación de una central nuclear sea una única persona jurídica, dedicada exclusivamente a la gestión de centrales nucleares, y que cuente con los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios.
Con esta medida, la titularidad de las centrales nucleares que no se hayan adaptado se entenderá transferida a la entidad que a esa fecha tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación.