Madrid.- El Congreso de los Diputados ha rechazado por 327 de 342 presentes la enmienda a la totalidad del grupo ERC-IU-ICV al proyecto de ley que fija las condiciones para el almacenamiento, captura y transporte del dióxido de carbono (CO2), principal responsable del cambio climático.
El Proyecto de Ley de Almacenamiento Geológico de Dióxido de Carbono, como así se llama, traspone a la legislación española las directrices de la UE sobre esta actividad, que consiste en captar el CO2 emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento subterráneo y confinarlo permanentemente.
En ausencia de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha presentado ante el pleno este proyecto que inicia ahora su tramitación parlamentaria, con los trabajos en Comisión.
Rubalcaba ha destacado que la aplicación de esta tecnología podría llegar a evitar, para el 2030, emisiones que representan aproximadamente el 15 por ciento de las reducciones exigidas en el ámbito de la Unión Europea.
La norma, ha dicho el ministro, recoge una serie de exigencias que permiten que el almacenamiento se lleve a cabo en condiciones seguras sin poner en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente.
En su enmienda a la totalidad el grupo Esquerra Republicana- Izquierda Unida -Iniciativa Per Catalunya Verds sostiene que la realidad muestra que empaquetar el dióxido de carbono y almacenarlo en el subsuelo o en el mar es el "continuismo de las estrategias cortoplacistas" en materia energética.
Para el grupo parlamentario esta tecnología no da respuesta a la dependencia energética exterior, supone una hipoteca para generaciones futuras y además consideran que existe un "evidente" riesgo de fuga, y consecuentemente un impacto ambiental fruto del retorno del CO2 a la atmósfera.
EL BNG, único grupo que ha manifestado su apoyo a la enmienda, ha coincidido en señalar que apostar por el almacenamiento es una estrategia "cortoplacista" .
El grupo nacionalista vasco ha considerado que el proyecto no es la solución a la emisiones de CO2, pero es una solución más y es necesaria porque además propone un marco legal para regular esta actividad.
Durante el debate, CIU ha pedido además que no se busquen contenidos ideológicos en todas estas tecnologías medioambientales porque entiende que no las hay.
El PP ha votado también en contra de la enmienda al no compartir los argumentos y la motivación de la enmienda y porque para conseguir los objetivos de reducción de gases invernadero hay que contemplar todas las medidas y tecnologías.
Finalmente, el PSOE ha argumentado que esta norma contribuye a dar prioridad a la nueva política energética que ha emprendido España.
Su diputado Fernando Moraleda ha asegurado que el país prevé alcanzar en 2020 un consumo final bruto con origen renovable del 22,7 por ciento: 2,7 puntos más que las obligaciones que se tiene con la UE.
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