El Consejo de Garantías avala el decreto del Govern pero cuestiona argumentos

Barcelona, 11 ene.- El Consejo de Garantías Estatutarias considera que el decreto aprobado por el Govern para demorar el pago de una parte de la paga extra de los funcionarios catalanes se ajustó al Estatut, pero cuestiona que el gobierno catalán usara el impago por parte del Estado de los 759 millones de euros pendientes del Estatut como argumento básico para tomar medidas de ese tipo.

El Govern finalmente no tuvo que usar ese decreto porque consiguió un crédito con una entidad financiera para abonar el 20 % de la paga extra de Navidad a los funcionarios catalanes.

El dictamen, avalado por todos los miembros de este organismo y al que ha tenido acceso Efe, da por una parte la razón al Govern, ya que considera que este decreto no contraviene el Estatut ni la Constitución.

Sin embargo, argumenta que "la mención expresa a la disposición adicional tercera del Estatut, alegada como causa desencadenante (...), por sí sola, no es criterio para justificar el presupuesto habilitante".

"Además, respecto a esta -a la disposición adicional tercera del Estatut-, hemos de precisar que, si bien podría ser relevante en la gestión efectiva de la tesorería al acabar el año, su contenido en sentido estricto hace referencia únicamente a la inversión estatal en infraestructuras en Cataluña", concluye el texto.

El gobierno catalán justificó en buena medida el posible retraso en el pago de parte de la extra de Navidad a los funcionarios, y las demoras en los pagos a los proveedores, por la negativa del Estado a pagar esos 759 millones correspondientes a la liquidación de la disposición adicional tercera en el año 2008.

El PSC, ERC, ICV-EUiA, Solidaritat Catalana per la Independència y Ciutadans solicitaron el pasado 22 de diciembre este dictamen a este organismo de carácter consultivo.

A pesar de que el dictamen avala que el decreto de "medidas urgentes en materia de tesorería" se ajusta al Estatut y a la Constitución, PSC, ICV-EUiA y Ciutadans han subrayado hoy que no se sienten desautorizados.

Estos partidos han coincidido en argumentar que este organismo tiene la misión de estudiar si una ley o un decreto contraviene el Estatut o la Constitución, pero han añadido que otra cosa es si fue legal o cuestionable la actuación del Govern.

De hecho, el propio Consejo de Garantías Estatutarias recuerda que se limita a examinar "las cuestiones de constitucionalidad y estatutariedad", pero que "no le corresponde analizar el procedimiento" o la decisión del Govern de retener a los funcionarios todo el IRPF de la extra de Navidad antes de haber cobrado esa paga íntegramente.

Por su parte, el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, ha destacado que el decreto del Govern "se ajusta a derecho" y ha insistido en que quien mejor conoce la situación de la tesorería de la Generalitat es el propio Govern.