El Constitucional bloquea la unión de las cajas gallegas al suspender la ley

Madrid.- El Tribunal Constitucional admitió hoy a trámite el recurso que el Gobierno interpuso el pasado 9 de febrero contra una decena de preceptos de la ley gallega de cajas, por lo que queda suspendida la norma, que facilitaba la unión de Caixa Galicia y Caixanova.

En una providencia, el Constitucional anunció que tramitará la impugnación de los servicios jurídicos del Estado contra dichos preceptos de la ley de cajas, aprobada por el Parlamento de Galicia a finales de 2009 con amplia mayoría, ya que contó con el respaldo del PP y el BNG, frente al rechazo de los socialistas gallegos.

La Xunta considera ese trámite como un "formalismo" y apunta que los contactos entre ambas administraciones en los últimos días "consiguieron lograr avances importantes y espera que en los próximos contactos se concreten en acuerdos".

El rechazo coincide con la posición del Ejecutivo que, según declaró recientemente la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cree que la norma gallega va "más allá" de las competencias de esa Comunidad Autónoma para determinar la solvencia y la naturaleza de las entidades de crédito regionales.

Además, el Gobierno considera que "la ley no se ajusta" a la legislación básica estatal de cajas de ahorros -la LORCA, sobre la que deben regirse las normas regionales- en cuanto a la regulación de los órganos de representación en esas entidades.

Por estas y otras razones, el Ejecutivo pidió un informe con carácter "urgente" al Consejo de Estado para confirmar si existían indicios de inconstitucionalidad y había razones para presentar un recurso judicial.

La admisión del Constitucional, que abre un plazo no superior a cinco meses para ratificar o levantar la suspensión de la norma, llega un día después de que el Gobierno y la Xunta de Galicia decidieran volver a reunirse el próximo martes para seguir discutiendo la constitucionalidad de la ley.

Entre los aspectos más polémicos está que la ley incluye "parámetros ajenos a la salvaguarda de la solvencia" dentro de las funciones del Consejo de Administración para obtener la autorización de la Xunta a las "fusiones frías" de cajas.

Y además, permite al Gobierno autónomo contar con más de un representante en los consejos de administración de las cajas gallegas, mientras que limita al resto de sectores: ayuntamientos, sindicatos, entidades de interés general e impositores (clientes) a tener sólo uno.

Sin embargo, la Xunta de Galicia defiende desde un primer momento la constitucionalidad de la norma y sostiene que los artículos cuestionados se podrían matizar o, en algunos casos, "acompasar" a los de otras legislaciones autonómicas, con el fin de resolver las dudas que sobre ellos existen.

Y ante esto, el Gobierno pide claramente que se acometan los cambios necesarios en la redacción de la decena de preceptos de la norma cuestionados para que cumplan con la Constitución, y luego estas modificaciones las apruebe el Parlamento de Galicia.

Cuando eso suceda, el Gobierno retirará "inmediatamente" el recurso, según prometió ayer en rueda de prensa el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

Se repetiría la historia de hace menos de un año con la ley madrileña de cajas, contra la que el Gobierno presentó también un recurso de inconstitucionalidad, que se admitió a trámite y se retiró en cuanto la Comunidad de Madrid -gobernada como la Xunta por el PP- aceptó cambiar los artículos recurridos.

Esta coincidencia explica que en Galicia, los principales partidos interpreten que la decisión del Gobierno es "política" y busca impedir la creación de la gran caja gallega, que promueve la Xunta.

Pero ambas administraciones confían en llegar a un acuerdo y con ese fin volverán a reunirse el próximo martes, porque en opinión de la consejería gallega de Hacienda, la admisión a trámite del recurso es un mero "formalismo" que no alterará las negociaciones.