El gobierno aprueba el anteproyecto de la nueva ley de telecomunicaciones

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones que actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, penalizando el despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios.

Este proyecto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es una reforma estructural profunda ya que las modificaciones incorporadas proporcionan mayor facilidad para el despliegue de redes por los operadores y facilita la extensión de la banda ancha que propiciará un Internet más rápido. Todo ello impulsará la economía digital y creará nuevos modelos de negocio y crecimiento económico.
Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Además se mejora la protección al usuario
Las principales novedades de la norma, según Industria, está que recupera la unidad de mercado en materia de telecomunicaciones estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones territoriales dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios.
Así como que impulsa una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones y eliminando cargas administrativas innecesarias; e introduce medidas que permiten el acceso a las redes de operadores de otros sectores como el del gas, la electricidad o el transporte en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes. Medidas alineadas con las propuestas de la Comisión Europea en la Guía de la Unión Europea para las inversiones en Banda Ancha de Septiembre de 2011.
Además, elimina distorsiones de la competencia para garantizar igualdad de trato por parte de las administraciones a todos los operadores al fijar condiciones estrictas a los operadores públicos; y en materia tributaria se hacen ajustes en la tasa general de operadores de telecomunicaciones
En particular, reforzará la seguridad jurídica y aportará claridad el establecimiento de un esquema de ajuste automático a los costes incurridos por las Autoridades Nacionales de Reglamentación, y la reducción en la Ley del límite máximo de la tasa general de operadores destinada a financiar exclusivamente dichos costes.
La norma también refuerza la coordinación de los Derechos de Usuarios estableciendo un procedimiento para solucionar las posibles controversias a través de una Comisión Bilateral constituida al efecto. Y el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico introduciéndose precisiones sobre las cookies.
IMPACTO ECONÓMICO
El sector de las telecomunicaciones alcanzó en 2011 una facturación de 37.950 millones de euros, lo que representa un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Su inversión en ese período superó los 5.919 millones de euros. Además, el sector da empleo directo a 74.824 trabajadores
Existe, según Industria, una necesidad de inversión en Europa de más de 200.000 millones de euros y en España de unos 25.000 millones para que todos los hogares dispongan de banda ancha de aquí a 2020.
Según estudios de la Comisión Europea por cada aumento de la penetración de la banda ancha en un 10%, el crecimiento del PIB es entre 1% -1,5%.
Por último, se esperan más de 100.000 empleos en la UE-27 entre 2010 y 2015 y de 2 millones de empleos en 2020 asociados a la innovación en servicios.