El gobierno crea un registro de empresas agroalimentarias cumplidoras y regula el régimen de inspecciones en el sector

El Gobierno aprobó este viernes sendos reales decretos que regulan el registro estatal de buenas prácticas en el sector agroalimentario y el régimen de controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, destacó que estos decretos culminan “una regulación muy esperada por el sector”.
A este respecto, valoró que en su conjunto (producción, transporte y distribución), el sector alimentario representa el 8,4% del PIB (9% contando productos importados), ya que genera unos 88.000 millones de euros anuales.
Además, recordó que genera 2,5 millones de empleos y el 17% de las exportaciones, así como el 18% de la producción industrial española, lo que le convierte en el primer sector industrial.
Esto sitúa a España como el octavo país en el mundo con mayor actividad agroalimentaria, algo que para Tejerina es especialmente destacable si se tiene en cuenta que los 10 primeros países acaparan el 50% de la producción mundial.
En cuanto al plan de controles de AICA, el decreto aprobado hoy establece que sus investigaciones deberán concluir en el plazo de seis meses, aunque dicho plazo podrá ser prorrogado.
La ministra recordó que el incumplimiento reiterado de las prácticas comerciales abusivas puede llegar a suponer sanciones de hasta un millón de euros. “No le va a salir gratis a ningún operador de la cadena”, apostilló.
Además, refuerza su coordinación institucional con otros organismos competentes como las comunidades autónomas o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Por su parte, en el registro estatal de buenas prácticas alimentarias aparecerán las empresas que suscriban el código de buenas prácticas comerciales en el sector.
También establece un procedimiento de mediación para cuando no se llegue a acuerdos en la fijación de los precios en las primeras ventas de productos no transformados.
Asimismo, regula la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria y de la Red de Laboratorios Agroalimentarios, que se encargarán del control analítico oficial de los productos alimentarios.