Madrid, 2 abr.- El Gobierno defenderá en Bruselas el mantenimiento de las devoluciones del impuesto de hidrocarburos para el gasóleo agrícola, ha afirmado en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.
En su contestación, el Ejecutivo señala que desde el 1 de enero de 2010, la ley que establece la devolución parcial de este gravamen para los agricultores tiene carácter permanente.
No obstante, recuerda que la Comisión Europea (CE) "se ha mostrado siempre muy contraria a la exención" de estos impuestos energéticos y en la nueva directiva actualmente en elaboración sobre esta materia se propone su eliminación, por no considerarla justificada.
La representación española en Bruselas, añade, "ha venido defendiendo en este punto los intereses del sector" y "lo seguirá haciendo en el futuro".
El portavoz socialista de Agricultura en el Congreso, Alejandro Alonso, también había preguntado sobre la posibilidad de igualar las compensaciones del IVA para agricultores y ganaderos, opción que el Gobierno no considera "procedente".
Según el Ejecutivo, el sector agrícola es más intensivo en consumo de combustible que el ganadero, por lo que "la compensación ha de ser mayor".
Además, el Derecho comunitario exige que cualquier modificación en estas compensaciones se notifique previamente a Bruselas y que se tengan en cuenta datos macroeconómicos en un periodo de tres años, por lo que no caben cambios motivados por "alteraciones coyunturales" de los costes.
En este sentido, el Gobierno recuerda que Italia llegó a ser condenada en 1988 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), por considerar que no había seguido una metodología adecuada en el cálculo de las compensaciones.
Desde 2010, el porcentaje de compensación del IVA para la agricultura es del 10 %, mientras que para la ganadería se aplica el 8,5 %.
Además, el Gobierno descarta la posibilidad de hacer modificaciones en el IRPF para los productores, ya que "dado el carácter generalista" de este impuesto "no se considera la posibilidad de realizar modificaciones en su normativa que afecten exclusivamente a algún tipo concreto de actividad".
Contesta así a una tercera pregunta de Alonso sobre si estaba prevista alguna modificación fiscal en los impuestos que gravan la actividad agroalimentaria.
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