El Gobierno desestima las reclamaciones patrimoniales de los fotovoltaicos

  • El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos acuerdos para desestimar, en un caso, y no admitir, en el otro, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los titulares de instalaciones fotovoltaicas afectados por el recorte de primas dictado por el anterior Gobierno.

Madrid, 22 mar.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos acuerdos para desestimar, en un caso, y no admitir, en el otro, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los titulares de instalaciones fotovoltaicas afectados por el recorte de primas dictado por el anterior Gobierno.

Las reclamaciones, varios miles según dijo a Efe un portavoz de la patronal fotovoltaica UNEF, pedían indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados por dos reales decretos de noviembre y diciembre de 2010 que limitaban el derecho de esas instalaciones a recibir la prima.

Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), el rechazo del Gobierno entra dentro de lo previsto y abre la vía para que los afectados acudan a reclamar al Tribunal Supremo.

El Gobierno argumenta su decisión amparándose en sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional según las cuales los titulares de instalaciones fotovoltaicas tienen derecho a una rentabilidad razonable, pero en ningún caso a que el régimen de primas se mantenga inalterado en el tiempo.

Por ello, indica la referencia del Consejo de Ministros, "son legítimos los cambios que se produzcan en dicho régimen de primas, siempre que no menoscaben el derecho a la retribución razonable", como se considera que ha ocurrido en este caso.

Por otro lado, el Ejecutivo no ha admitido, por lo que no ha entrado al fondo, una serie de reclamaciones que no cumplían los requisitos técnicos.

El anterior gobierno socialista aprobó sendos reales decretos el 19 de noviembre y el 23 de diciembre de 2010 que reducían con carácter permanente la retribución a percibir por los titulares de las instalaciones fotovoltaicas, y establecían ciertas obligaciones de carácter técnico.

El decreto de 23 de diciembre ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por los gobiernos autonómicos de Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia, e inversores internacionales han iniciado acciones legales en el extranjero.

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