Madrid, 12 jul.- El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de una nueva ley del sector eléctrico que dará la "solución definitiva" para atajar el problema del déficit tarifario sin cargarlo de forma exclusiva a los consumidores, según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha destacado que la del sector eléctrico es una de las más importantes del programa nacional de reformas, que garantizará la fortaleza y la sostenibilidad financiera del sistema "sin que sean los consumidores los que lo tengan que cargar en exclusividad".
Junto al anteproyecto de ley, el Gobierno ha aprobado un real decreto de medidas urgentes, que aplicará mientras se aprueba el nuevo marco legal, para acabar con este desfase del sector eléctrico, generado al ser los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes, que supera los 26.000 millones y que sigue generando 4.500 millones anuales de forma estructural.
"Es la reforma definitiva", ha afirmado Sáenz de Santamaría.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha detallado cómo se logrará ajustar esta cantidad: 2.700 millones vendrán de la reducción de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y retribución a las renovables), 900 millones se pasarán a Presupuestos Generales y 900 millones más de los peajes, parte regulada de la tarifa eléctrica y que supone alrededor de la mitad del recibo.
Este incremento se traducirá en una subida del 3,2 % en el recibo de los consumidores, que ahora pasarán a estar englobados en el concepto "precio voluntario al pequeño consumidor" en lugar de en la tarifa de último recurso o TUR.
En el capítulo de reducción de costes regulados, lo que cobran las empresas por estas actividades, Soria ha señalado que para las renovables, que dejarán de regirse por el mecanismo de primas, la rentabilidad, ligada a la inversión, será del 7,5 % (bono a diez años más 300 puntos básicos) y para las redes (distribución y transporte) del 6,5 % (bono a diez años más 200 puntos básicos).
Junto a estas menores rentabilidades, se reducirán los pagos por capacidad, lo que reciben algunas empresas por tener disponibles plantas de 26.000 euros por megavatio (MW) a 10.000 euros por MW, aunque lo cobrarán más años, de diez a veinte. Y se permitirá parar una cuarta parte de los ciclos combinados, unos 6.000 MW.
Asimismo, Soria ha señalado que se incluirá un mecanismo de estabilidad al sistema que ajustará de forma automática ingresos y costes.
Esta regla hará que con cada medida que conlleve un aumento de costes se elevarán en la misma proporción los ingresos, es decir los peajes que se cobran a los consumidores vía recibo de la luz.
Junto a esto, cualquier cambio en normativas autonómicas que conlleve sobrecostes para el sistema será asumido por los consumidores de esas regiones.
Soria ha afirmado que las empresas, que verán reducidos sus ingresos de forma considerable, "van a agradecer" la reforma con el paso del tiempo porque "introduce estabilidad y certidumbre".
Sobre la posibilidad de que las empresas emprendan acciones legales contra estos cambios, Soria ha dicho que están en todo su derecho pero que las medidas cumplen con los últimos dictámenes del Supremo y se rigen por la "rentabilidad razonable" que establece la ley.
Para el ministro de Industria esta reforma consigue "atajar de forma definitiva" el problema del déficit y evitar que se vuelva a repetir "con efectos tan nocivos" y con el "menor impacto" posible para el consumidor, reduciendo los costes con una retribución acorde a la ley y un marco regulatorio "estable y transparente".
El Gobierno completará la reforma con un paquete de reales decretos que irán a la Comisión Nacional de Energía (CNE).
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