El Gobierno luso defiende la legalidad de la intervención civil en TAP

  • El Gobierno de Portugal defendió hoy la legalidad de su decisión de intervenir la aerolínea pública TAP con el propósito de asegurar el normal funcionamiento de la compañía pese a la huelga convocada del 27 al 30 de diciembre.

Lisboa, 22 dic.- El Gobierno de Portugal defendió hoy la legalidad de su decisión de intervenir la aerolínea pública TAP con el propósito de asegurar el normal funcionamiento de la compañía pese a la huelga convocada del 27 al 30 de diciembre.

El ministro de Economía, António Pires de Lima, afirmó hoy ante los periodistas que el proceso de "intervención civil" decretado por el Ejecutivo es legal e "independiente" de los servicios mínimos fijados hoy por los tribunales, y que sólo cubren vuelos a las regiones autónomas de Azores y Madeira, así como a países de lengua portuguesa como Angola, Brasil y Mozambique.

Pires de Lima insistió en que con esta medida extraordinaria -aprobada en consejo de ministros la semana pasada- se garantizarán el 100 % de las conexiones previstas en esos cuatro días, más de un millar en total.

Frente a las críticas de sindicatos y de la oposición de izquierdas, el titular de Economía recordó que gobiernos de otro signo político ya utilizaron en el pasado este mismo recurso para evitar huelgas en sectores estratégicos del país y en momentos puntuales.

El Gobierno luso, liderado por el primer ministro conservador Pedro Passos Coelho, justificó su decisión de recurrir a esta medida extraordinaria para salvaguardar el derecho de reagrupamiento de las familias portuguesas en el periodo de Navidad, así como por el impacto negativo que tendría en la imagen de la compañía, actualmente en venta.

Su decisión obligará al 70 % de la plantilla del grupo TAP a acudir a su puesto de trabajo bajo sanción penal si no lo hace, lo que en la práctica está previsto que invalide los efectos de la huelga.

Los sindicatos de la aerolínea estatal TAP convocaron este paro por el relanzamiento de la privatización de la empresa, y acusaron al Gobierno de intentar "engañar" a la población sobre las consecuencias de la misma.

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