Ha levantado ampollas. La decisión del Gobierno de adelantar desde los 50 hasta los 45 años la edad límite para cotizar como autónomo por la pensión máxima, y el veto a los empresarios con más de 50 empleados de tributar menos que sus empleados ha desatado la polémica.
Primero, porque se ha hecho sin avisar, según denuncian las grandes asociaciones de este colectivo, y segundo, porque llega en un momento en el que muchos trabajadores por cuenta propia se están dando de baja ante la imposibilidad de hacer frente a las cuotas de la seguridad social.
Pero, detrás de esta medidas, se esconde un afán recaudatorio alimentado por el cerco a dos de las vías de fraude a la Seguriad Social más populares entre los autonómos. Una, cae por su propio peso: un empresario que cotiza a la Seguridad Social menos que sus empleados.
Con esta práctica, se tributa el mínimo, y por tanto se paga menos a Hacienda, mientras que el beneficio real que aporta el negocio -el cambio es sólo para medianas empresas, con al menos 50 empleados- se difiere a través de complejas estructuras societarias.
Hablando en plata, la nueva normativa impedirá a los dueños de medianas empresas cotizar la mínima, es decir, afirmar que su base impositiva apenas asciende a 841,80 euros, cuando la realidad demuestra que tienen a su cargo 50 trabajadores.
La otra medida, adelantar desde los 50 hasta los 45 años el límite de edad para cotizar la máxima, persigue erradicar la práctica de cotizar la mínima durante la mayor parte de la vida laboral, aunque el sueldo sea muy superior, o no cotizar, y en los últimos quince años pasar al listón más elevado para tener la mayor pensión, ya que ésta se calcula sobre los últimos quince años.
Esta medida, aunque lógica, va a conllevar que paguen justos por pecadores, debido a que el régimen de autónomos exige tomar la decisión de cotizar la máxima a los 50 años (a partir de ahora 45 años), si no, ya será imposible elevar la base en más de 1.665 euros.
Este corsé equivale a que un empleado del Régimen General tuviese que conformarse con la base que tiene a los 45 años, y renunciar al beneficio que, de cara a la pensión, tendrán las posibles subidas de sueldo durante el resto de su vida laboral.
Fraude extendido
No obstante, los datos demuestran que muchos autónomos cotizan por debajo de sus ingresos reales. De hecho, según cifras de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), el 83,6% de los autónomos en España cotiza por la base mínima, que es de 841,80 euros, es decir, casi 2,6 de los cerca de 3,1 millones de autónomos aseguran ganar poco más del salario mínimo interprofesional.
José María Mollinedo, secretario general del cuerpo de Técnicos de Hacienda (Gestha) reconoce que esta medida "permitirá aumentar los ingresos del Estado, elevando la base de cotización de los autónomos y cerrando posibles ventanas de fraude".
No obstante, considera que el Gobierno se ha quedado corto y aboga por complementar estas medidas ajustando la tributación del IVA a las modificaciones de las directivas comunitarias. “El objetivo es que las facturas que no sean cobradas no paguen el IVA hasta que sean abonadas”.
Además, Mollinedo solicita una revisión del sistema de módulos. “Planteamos que este sistema sólo sea válido para los autónomos que trabajan directamente para los consumidores y no para los que trabajan para terceros. Es decir, para otras empresas”.
La Federación de Autónomos ATA, no critica la medida, pero sí las formas. ATA siempre ha estado a favor de que los autónomos coticen más, pero considera que ahora no es el momento, ya que con la crisis económica muchos están ahogados. "Habría que haberlo hecho de forma más progresiva", señalan desde este organismo.
Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) se ha mostrado sorprendida por estos cambios, al no haber sido informada previamente y porque considera que es un tema que podría formar parte los futuros acuerdos del Pacto de Toledo.
De hecho, será en este marco en el que se discuta el probable aumento de 15 a 20 años de la base de cálculo de la pensión para los trabajadores del Régimen General, un cambio similar al que ya se ha aplicado a los autónomos.
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