Madrid, 8 abr.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado para el próximo viernes a la viuda del exdirector de Recursos Humanos de Caixa Penedès Jaume Jorba para aclarar el destino de los 2,5 millones de euros que su marido llegó a cobrar de las pólizas de jubilación que contrató con la entidad.
Fuentes jurídicas han informado de que Pedraz ha citado a la mujer de Jorba, como partícipe a título lucrativo, en la causa en la que investiga a cuatro exdirectivos de la caja por adjudicarse pensiones millonarias mediante pólizas que blindaron en 2010, cuando empezó a recibir fondos del FROB para su integración en Banco Mare Nostrum (BMN).
El artículo 122 del Código Penal establece que el que hubiera participado en el delito a título lucrativo está obligado a resarcir el daño en la cuantía en la que se haya beneficiado que, en el caso de Jorba, asciende a 2,5 millones de euros.
Las fuentes consultadas han explicado que el objetivo de esta declaración es intentar averiguar lo que sucedió con esa cantidad de dinero y quiénes pudieron beneficiarse de ella.
Pedraz mantiene imputados en esta causa, que abrió tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción, al ex director general de Caixa Penedès Ricardo Pagès y a los exdirectivos Santiago José Abella, Manuel Troyano y Juan Caellas por un delito societario continuado de administración desleal.
Según el magistrado, de lo investigado se desprende que Pagès, "prevaliéndose" de su condición y "valiéndose" de Jorba y de los otros dos imputados, "diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad".
Una estrategia "pensada para el momento en que por cualquier motivo cesaran o extinguieran su relación laboral, sin excepciones".
Para ello, a partir de 2001 "se autoconcedieron derechos económicos" que no contemplaban sus contratos de trabajo "(de por sí con elevados derechos reconocidos)" mediante la sucesiva suscripción, dotación y novación de pólizas de seguros, que alcanzaron los 23,4 millones de euros.
Esta conducta se prolongó hasta 2010 cuando, con motivo de la integración de Caixa Penedès en BMN, realizaron actuaciones para blindar los derechos que contenían las citadas pólizas.
Una vez iniciado el proceso de integración de Caixa Penedès en el Grupo BMN, que precisó "importante ayuda pública" de 916 millones de euros a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), los cuatro buscaron "algún tipo de cobertura formal o fórmula jurídica con la que justificar su ilícito proceder".
Así, un mes antes de la integración en BMN, "consiguieron convencer erróneamente" a la comisión ejecutiva de Caixa Penedès para que diera por buena la modificación de sus contratos, al tiempo que se blindaba una parte de lo que hasta el momento había sido retribución variable para "con ello dar cobertura a sus ilícitos derechos económicos".
Pagès y Jorba cesaron voluntariamente en mayo de 2011 de sus cargos, lo que permitió al primero cobrar 10,8 millones de euros, mientras que Abella, que había abandonado antes la entidad, percibió 1,9 millones.
Los otros imputados, que fueron despedidos de la entidad, no pudieron cobrar cantidad alguna, aunque tenían contratadas primas que sumaban casi 8 millones.
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