El plan de ajustes luso vuelve a toparse con el muro del Constitucional

Susana Irles

Lisboa, 20 dic.- El veto del Tribunal Constitucional a los recortes de las pensiones públicas en Portugal pone otra piedra en el camino del plan de ajustes del Gobierno luso, que acaba el año con un margen de maniobra cada vez menor para cumplir el déficit.

Unos 400 millones de euros de ahorro quedaron el jueves invalidados por una sentencia que pesa de manera especial sobre el primer ministro luso, el conservador Pedro Passos Coelho, la quinta norma de ajustes ilegalizada en lo que va de año.

Desde Bruselas, el jefe del Ejecutivo acató hoy la decisión judicial como una "solución no deseada" y dispuesto a estudiar medidas alternativas centradas de nuevo en la reducción de pensiones.

Después de haber recibido la aprobación de la décima evaluación de la "troika", el nuevo revés judicial complica una vez más el cumplimiento de los objetivos del 5,5 % del déficit (2013) y del 4 % (2014), exigido a Portugal por el programa del rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La norma ilegalizada preveía una reducción del 10 % de las pensiones de funcionarios públicos superiores a 600 euros a partir del próximo año como una medida de reducción del gasto público.

El Gobierno pretendía, además, hacer "converger" el valor de las pensiones de los dos marcos de pensiones de Portugal, donde los trabajadores públicos ganan de media más que en el privado.

Passos Coelho subrayó que la sentencia deja, sin embargo, "puertas abiertas", ya que los jueces no consideraron inconstitucional reducir el valor de las pensiones, "aunque sea en un contexto de reforma más general y reunidas ciertas condiciones".

Ese camino podría comportar una reforma "global" y "más general", afirmó el primer ministro, que evitó mencionar una subida de impuestos como había defendido antes del fallo judicial.

El alto tribunal basó su decisión en el principio de confianza del Estado suscrito en el artículo segundo de la Constitución portuguesa.

Según la sentencia, acordada por unanimidad entre los trece miembros del máximo ente judicial del país, los intereses públicos argumentados para ejecutar la reforma no prevalecen sobre el "sacrificio de derechos adquiridos".

El juez presidente del tribunal, Joaquim Sousa Ribeiro, sustentó la decisión por varios motivos, entre ellos, "la vulnerabilidad" de muchos de los pensionistas.

Ellos "tomaron opciones de vida precisamente por el carácter seguro de estas pensiones", arguyó ante los periodistas.

Los magistrados argumentaron además que en una reforma de las pensiones debe considerarse "un contexto global de los dos regímenes de protección social" y "los criterios de revisión" deben aplicarse en "un plano de igualdad" entre los dos sistemas de pensiones.

Esos dos marcos son la Caja General de Jubilaciones (CGA, en su sigla en portugués), que incluye a medio millón de pensionistas públicos, y el de la Seguridad Social, en el que entran otros dos millones de trabajadores del sector privado.

Una reforma de esta dimensión podría, no obstante, toparse con un conflicto político de fondo, puesto que se asemejaría al polémico impuesto general sobre las pensiones rechazado por el socio minoritario del Gobierno y vicepresidente, el democristiano Paulo Portas, que puso al borde de la ruptura la alianza conservadora.

El nuevo desafío se enmarca, además, en una fase crítica del programa del rescate, concedido a Portugal en mayo de 2011 para evitar la bancarrota del país.

Concluidos ya dos años y medio de las reformas y ajustes acordados, la economía portuguesa ha presentado signos tímidos positivos en varios indicadores, pero aún lejos de las optimistas previsiones del FMI al inicio del rescate.

A pesar de la lenta recuperación, se ha reducido el desempleo, que alcanzó récord histórico del 18 % y bajó varios puntos en los últimos meses (hasta el 15,6 %), y han aumentado las exportaciones y la inversión.

A medio año de terminar el plan del préstamo, Portugal tiene también pendiente el desafío de los mercados, pues sus obligaciones aún cotizan a intereses considerados altos, en torno al 6 % en los títulos de diez años.

Esta tasa todavía está lejos a la que actualmente cotiza Irlanda (en torno al 3,5 %), que prepara su vuelta a los mercados sin apoyos adicionales después abandonar el programa del rescate este mes.

No obstante, el nuevo revés judicial no influyó hoy en la penalización sobre las obligaciones lusas que mantuvieron en el mercado secundario sus intereses sin grandes cambios porque, según analistas financieros, la sentencia negativa era prevista por los inversores.

Pero el fallo sí marcó otro precedente para los inversores sobre el papel del Constitucional luso, que aún puede fiscalizar en los próximos meses el presupuesto de 2014 y dificultar de nuevo las metas impuestas por la UE y el FMI.