Madrid, 28 ene.- La Diputación Permanente del Congreso rechazará, con la mayoría del PP, la petición de IU, ICV-EUiA y CHA de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, comparezca por el recurso del Gobierno que ha suspendido la ley andaluza de la función social de la vivienda, conocida como "antidesahucios".
Los grupos que han intervenido en la Diputación (IU, PSOE, CiU y UPyD) han expresado su intención de votar a favor de la petición de comparecencia de Pastor frente al rechazo del PP.
El diputado de IU José Luis Centella ha afirmado que es "muy grave" que el PP se sitúe frente a la capacidad de autogobierno de la Junta de Andalucía y que sea tan "suave" con los poderosos -con los bancos y las grandes empresas- mientras que da la espalda a los más desprotegidos.
Centella, que ha avanzado que su grupo también va a pedir la reprobación de la ministra de Fomento, ha añadido que su comparecencia es imprescindible porque ha sido "punta de lanza" contra el gobierno autonómico de Andalucía y los intereses de los andaluces.
Desde el PP, el diputado Juan José Matarí ha defendido que el Gobierno central ha actuado de forma "responsable" con "soluciones eficaces frente a los desahucios", mientras que en Andalucía se han propuesto cosas "radicales, engañosas e inconstitucionales" que no resuelven los problemas sino que crean más.
Para el diputado socialista Javier Barrero era necesaria una explicación detallada de "por qué el Gobierno del Partido Popular ha recurrido una ley tan justa".
"No podemos pensar que este Gobierno tenga estos niveles de insensibilidad, de crueldad, porque si fuera así sería inaceptable", ha afirmado Barrero.
El pasado 16 de enero, el pleno del Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como "antidesahucios", al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno.
La ley andaluza recurrida fue aprobada el pasado 1 de octubre y derogó el decreto-ley de Andalucía de abril sobre este mismo asunto y que, en su momento, ya fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, que también supuso su suspensión cautelar.
El Ejecutivo central entiende que la ley andaluza es inconstitucional por definir el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, utilizando para ello competencias de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda y urbanismo.
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