Lisboa, 7 abr.- El primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, anunció hoy que hará "todo lo posible" por evitar un segundo rescate y aplicará nuevos recortes de gastos sociales para compensar las medidas de austeridad prohibidas por el Tribunal Constitucional.
En una alocución televisada a toda la nación tras recibir ayer la confianza del presidente, Aníbal Cavaco Silva, para concluir la legislatura, el líder conservador rechazó la posibilidad de subir los impuestos y anunció que habrá reducciones presupuestarias en Sanidad, Educación, Seguridad Social y empresas públicas.
Passos Coelho también responsabilizó al Constitucional, que el viernes invalidó la suspensión de una de las pagas extras de jubilados y pensionistas y otros recortes sociales, de poner en riesgo la recuperación financiera del país y las negociaciones para alargar los plazos de devolución del rescate que pidió en 2011.
La decisión del máximo tribunal luso implica que Portugal no recibirá el desembolso (de unos 2.000 millones de euros) correspondiente al séptimo tramo de su rescate, sostuvo, porque la evaluación realizada el mes pasado ya no "está terminada" y habrá que "hablar" con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno luso cuenta con mayoría absoluta parlamentaria, recordó, y seguirá empeñado en cumplir todos los compromisos del país, sanear sus finanzas y superar la crisis económica.
Pero la tarea será "más difícil" con la sentencia y no solo para el Ejecutivo, subrayó, sino también para todos los portugueses.
El primer ministro sostuvo que Portugal no ha salido aún de la "emergencia financiera" en que se encontraba cuando llegó al poder, con las elecciones anticipadas de junio de 2011, y tiene por delante "un camino largo y difícil" para recuperar la credibilidad y confianza.
En su discurso de casi media hora, insistió en que el país no puede quedarse "de brazos cruzados" o en espera de que Europa le solucione los problemas porque eso agravaría aún mas la situación y limitaría su capacidad de elección.
El fallo del Constitucional crea un agujero presupuestario superior a los mil millones de euros, y Passos Coelho señaló la contrariedad que eso supone para cumplir las metas de déficit.
Habrá quienes vuelvan a la "demagogia" y acusen al Gobierno de desmontar el Estado social, pero el país "no dispone de financiación (...) y no es capaz de afrontar parte de sus gastos", advirtió.
Nada más concluir el discurso, varios portavoces de la oposición de izquierda insistieron en pedir la renuncia del primer ministro y rechazaron que exija nuevos sacrificios a los portugueses.
Passos Coelho, que superó el miércoles una moción de censura, volvió a ser blanco de peticiones de renuncia el jueves y viernes, a raíz del fallo del Constitucional y la dimisión de uno de sus ministros, en medio del escándalo por su presunta titulación universitaria fraudulenta.
"Sólo podremos superar la crisis, volver al crecimiento y aumentar el empleo si primero recuperamos nuestra capacidad de lograr financiación", recalcó.
El primer ministro reiteró que el país sigue comprometido en cumplir con las obligaciones acordadas con la UE y el FMI a cambio de su rescate de 78.000 millones de euros.
Pero insistió en que alcanzar esas metas será más complicado por la decisión del Constitucional sobre los presupuestos de 2013.
"La sentencia añade incertidumbre al proceso de ajuste", subrayó Passos Coelho.
Para el jefe del Gobierno luso fue la rigurosa aplicación del programa acordado con la UE y el FMI lo que permitió que estos organismos aceptaran flexibilizar (por dos veces) la reducción del déficit.
Para compensar los ahorros anulados por el Constitucional, Passos Coelho dará instrucciones inmediatas a los ministerios para que presenten planes de reducción del gasto y además se "acelerará" la reestructuración del Estado.
"No será fácil, en dos años este Gobierno ya ha reducido el gasto primario del Estado (en el que no se incluye el pago de los intereses por su deuda) en más de 13.000 millones de euros", recordó.
En cambio, descartó subir los impuestos tras el aumento de la presión fiscal sobre los salarios, en una media del 30 %, puesta en vigor este año precisamente para compensar otro fallo del Constitucional, que en 2012 anuló varios recortes.
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