El senado se niega a pedir al gobierno que garantice que los ajustes no mermarán servicios básicos

El Pleno del Senado rechazó hoy por 73 votos a favor, 158 en contra y 19 abstenciones una moción presentada por el Grupo Socialista que instaba al Gobierno a llegar a un acuerdo con comunidades autónomas y ayuntamientos para asegurar que los ajustes presupuestarios no perjudicarían la "adecuada y suficiente prestación" de servicios sociales como el de la sanidad, la educación y la dependencia.
La iniciativa pedía al Ejecutivo que promoviera un acuerdo con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para que el ajuste derivado de la consolidación fiscal y la distribución del objetivo de estabilidad presupuestaria no ponga en peligro "una adecuada y suficiente prestación de servicios básicos, como la sanidad, la educación, la dependencia" y otros de tipo social.
Además, el texto planteaba una negociación con las organizaciones empresariales y sindicales dirigida a que la política de ajustes se ejecutara bajo los criterios de equilibrio y equidad.
Finalmente, apostaba por "defender en las instituciones europeas la revisión del calendario de consolidación fiscal, teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento de la economía y el elevado desempleo en nuestro país".
En la defensa de la moción, el socialista Joan Lerma aseguró que su grupo parlamentario se pone a disposición del Gobierno, pero que está viendo "muestras de desorientación y no de firmeza por parte del Ejecutivo".
Vaticinó que los ciudadanos "tendrán que sufrir todavía más un nuevo apretón" presupuestario y dijo que dado que Europa no está dispuesta a llevar a cabo una política diferente, como la de Estados Unidos, a España sólo le queda "tragar con el sufrimiento por varios años".
En cualquier caso, pidió "acuerdos claros y presupuestos realistas que puedan cumplirse" y que se hayan pactado previamente, lo que significa, abundó, que el Gobierno tiene que escuchar a los partidos, sindicatos y sociedad en su conjunto para "cargar con más responsabilidad" a quien, por ejemplo, más se haya beneficiado de la burbuja inmobiliaria.
Como el PSOE, José Montilla, de la Entesa, solicitó al Ejecutivo "negociación y diálogo", porque, a su parecer, hay situaciones que pueden esperar a que mejore el panorama económico, pero otras, como la de la sanidad o la educación, no.
Por su parte, Francisco Utrera, del PP, afirmó que su grupo encontraba el texto de la propuesta "bastante ambiguo" y por ello y por otras cuestiones de fondo en las que no coincide con los socialistas votó en contra.
Tampoco CiU, que presentó una enmienda a la iniciativa no aceptada, dio su apoyo a la moción, y argumentó, en boca de su diputado Jordi Sendra, que el trato no puede ser homogéneo para todas las comunidades, ya que no todas tienen las mismas competencias ni iguales sistemas de financiación. En su opinión, los acuerdos han de ser bilaterales y no apostarse nunca por un convenio marco "idéntico para el conjunto de las CCAA".