El TSJ avala el límite en indemnizaciones a altos cargos de empresas públicas

  • El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha respaldado el límite en el cálculo de las indemnizaciones por extinción de contrato de los altos cargos de empresas públicas estatales, por lo que ha rechazado el recurso planteado por un exdirectivo contra esta medida.

Madrid, 30 may.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha respaldado el límite en el cálculo de las indemnizaciones por extinción de contrato de los altos cargos de empresas públicas estatales, por lo que ha rechazado el recurso planteado por un exdirectivo contra esta medida.

El tribunal aplica la redacción que se prevé la reforma del mercado laboral y que reduce considerablemente las indemnizaciones en los contratos de los directivos de las empresas públicas estatales al excluir de su cálculo la parte correspondiente a las retribuciones variables.

Según un comunicado emitido hoy por el Ministerio de Hacienda, la sección 2 de la sala de lo Social del TSJ -de 14 de mayo- desestima el recurso de suplicación planteado contra una sentencia previa del juzgado 29 de lo social.

Dicha sentencia declaraba ajustado a derecho el procedimiento de extinción del contrato de un directivo de empresa pública estatal que desempeñó su cargo entre el 31 de mayo de 2004 y el 20 de febrero de 2012.

El tribunal excluye las retribuciones variables del cálculo "porque no se trata de deudas líquidas, vencidas y exigibles en este procedimiento de despido".

Además la Abogacía del Estado alega que "la coyuntura económica ha modificado las circunstancias que en su día se contemplaron para darse, que al no concurrir en la actualidad, ha hecho preciso adoptar otras medidas tendentes a limitar las cantidades económicas que altos cargos y personal directivo reciben".

Dicho régimen se ha venido aplicando a partir de febrero de 2012 a los procedimientos de extinción de contratos de directivos de empresas públicas algunos de los cuales están pendiente de resolución judicial.

El ahorro previsto para el Estado derivado de la aplicación del nuevo régimen de indemnizaciones a todos estos contratos se estima en alrededor de 8 millones de euros.

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