Tras la regularización tributaria, la recurrente obtuvo a su favor una resolución de la Generalidad Valenciana que le reconocía una minusvalía del 77 % y una movilidad reducida con 7 puntos.
En el presente caso, el convenio colectivo no computaba como absentismo el accidente laboral, los permisos especiales por matrimonio, la enfermedad grave o el fallecimiento de un familiar de primer grado.
El Alto Tribunal ha examinado si se vulneraba el principio de irretroactividad al exigir un tributo en el mismo ejercicio en que entre en vigor su ley reguladora cuando se produjo con anterioridad a la fecha de devengo.
Para la Sala "es evidente que existió una clara conexión entre la acción suicida y el empleo ejercido, esto significa que el trabajo o las circunstancias de los servicios son la base de la decisión de quitarse la vida".
De esta forma se estima un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de Cantabria que elevó del 10% al 15% el complemento de maternidad de una mujer al computar un hijo que nació sin vida.
Igualmente, la Audiencia murciana ha condenado como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación a la que fuera secretaria accidental del ayuntamiento, y un arquitecto.
En una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid destaca que "existe" el derecho a conciliar la vida personal y laboral.
Según el Tribunal Supremo, el abogado laboralista se quedó con un total de 225.000 euros y lo ocultó a su cliente, aludiendo a "una serie de avatares procesales" como la entrega de documentos falsos.
La sentencia aduce que este trabajador padece de una fatiga crónica con "afectación severa" que ha empeorado en los últimos tiempos, impidiéndole la realización de "mínimos esfuerzos como vestirse".
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha impuesto a la firma el pago de 3.000 euros a tres trabajadores temporales por la realización de 263 horas extraordinarias en 2016.
La exclusión impuesta para aquellos con lentes intraoculares que quieren acceder a la Policía Nacional y a la Guardia Civil no responde a criterios técnicos ni de proporcionalidad. Tampoco tiene bases médicas.
Como no consta que el demandado haya usurpado clientes, ni tampoco mala fe, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reducido la indemnización a 5.000 euros frente a los casi 10.000 que pedía Multimos.
El tribunal tumba los recursos interpuestos al afirmar que la actual modificación "no altera la clasificación del suelo ni conlleva un aumento significativo de la edificabilidad para actividades económicas".
La trabajadora contaba con un contrato indefinido a tiempo completo y fue víctima de "un excesivo ejercicio del derecho a despedir" en la pandemia que la excluyó del ERTE iniciado pocos días después.
La nulidad del despido conlleva la readmisión inmediata, con el abono de los salarios dejados de percibir desde el día siguiente del despido. Además, se le indemnizará con 30.000 euros por los daños y perjuicios.
El Alto Tribunal acepta el recurso del Consistorio contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en septiembre de 2021 anulaba la prohibición de este arrendamiento hogares plurifamiliares.
El informe forense elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla reconoce que "se trata de una enfermedad muy grave" ante la cual, "dado el pronóstico emitido, existen posibilidades de curación".
El tribunal ha considerado que el menor tiene un trato "desigual" al no haber nacido en una familia biparental y le ha otorgado 26 semanas de permiso frete a las 32 semanas que la madre solicitaba.
La Justicia catalana reconoce el derecho de la compañía a obtener esta cantidad por los conceptos de canon no amortizado, inversiones realizadas no amortizadas y costes de licitación y constitución.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha admitido como prueba los vídeos bailando que la cajera de un supermercado subió en la red social mientras estaba de baja por un problema en la espalda.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo admite a trámite el recurso de un letrado que fue sancionado por incluir en varios escritos datos penales de la parte contraria para mostrar la "conflictividad" con su cliente.
La sentencia se ha confirmado y la mujer deberá cumplir 22 meses de prisión, además de sufrir una pena de inhabilitación, por sustraer el dinero de un monedero perdido que se encontraba en las dependencias.
La sentencia no reconoce a la empresa como una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo.
En una sentencia, los magistrados han estudiado el caso de un profesor de secundaria de la Comunidad de Madrid que pidió reducir su jornada laboral a la mitad y mantener su sueldo para poder cuidar a su hija.
Los magistrados han considerado pertinente suspender el auxilio judicial emitido por el Principado que también contempla las citaciones de los exministros Jorge Fernández Díaz y de Cristóbal Montoro.
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